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EDITORIAL

Aprehensión relevante

Archivo adjunto

LUIS F SALAZAR WOOLFOLK
miércoles 06 de febrero 2019, actualizada 7:22 am


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La aprehensión del ex gobernador de Coahuila Jorge Torres López el día de ayer, en ejecución de una orden solicitada para efectos de extradición por la Agencia para el Control de Drogas DEA del Departamento de Justicia de los Estados unidos, puede ser un inicio de reparación para los coahuilenses.

Como es del conocimiento, el referido personaje fue secretario de Finanzas durante el gobierno de Humberto Moreira Valdés, y designado por el Congreso Local como gobernador substituto, en el momento en que Moreira Humberto se marchó de la gubernatura para ocupar el cargo de dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional en el año dos mil doce, cuando Enrique Peña Nieto fue postulado por dicho partido como candidato a la Presidencia de México.

Torres López dio la cara unos meses, el tiempo apenas suficiente para entregar el gobierno a Rubén Moreira Valdés, hermano de su antecesor, en lo que fue una impresionante transmisión del poder entre hermanos consanguíneos que marcó lo que es sin duda, la etapa de la historia más obscura de nuestro Estado, y que dividió a los coahuilenses en dos campos: Las víctimas por una parte y los victimarios con sus cómplices y causahabientes por otra.

La megadeuda pública de Coahuila contraída en el primer sexenio de la era Moreira, es técnicamente impagable en términos de los recursos de los que pueda disponer el erario estatal en un futuro que como tal se avizora difícil, lo que plantea de por sí un problema no sólo financiero, sino político. Lo anterior con el añadido de que existe la sospecha fundada de que los recursos fueron desviados para impulsar la carrera de Peña Nieto a la Presidencia de la República, dando inicio a una era en la que los gobernadores priistas dispusieron del dinero público para sostener el gasto político electoral como nunca antes, lo que en función de esa práctica no sólo ancestra,l sino histórica, es un acabose.

Pero la megadeuda sólo es la punta del iceberg, porque los agravios inferidos por los Moreira a los coahuilenses han sido tan graves y de tales alcances, en cuanto a su variedad y generalización, que se puede afirmar que las personas o colectivos que no hayan sido ultrajados por el gobierno local en los últimos trece años, constituyen casos de excepción. Así lo atestiguan la asociación estructural del moreirato con el crimen organizado y sus lamentables consecuencias: La desaparición de personas, las ejecuciones, los secuestros, el tráfico de drogas, las instituciones tomadas por asalto, las cárceles como centros de exterminio, las calles vacías, los cementerios clandestinos, los pueblos arrasados, etcétera.

Lo más grave de lo referido con antelación, lo constituye la impunidad reinante, gracias a la complicidad de las autoridades federales que en tiempos de Peña Nieto fueron omisas siquiera de abrir una carpeta de investigación en contra de los autores intelectuales, que desde la más alta cúpula del Gobierno estatal perpetraron los crímenes. Las únicas investigaciones abiertas fueron integradas en otros países, como es el caso de los Estados Unidos y España, en donde los delitos iniciados en México tuvieron efectos más allá de nuestras fronteras, en términos de crimen organizado en materias de tráfico de drogas y lavado de dinero.

La aprehensión de Torres López no permite lanzar las campanas al vuelo: Nada asegura que la aprehensión conduzca a una justa reparación del daño, por virtud de que el detenido es la parte más flaca de una cuerda que revienta por lo más delgado y por otra parte, falta que el aprehendido pueda ser retenido por un sistema de justicia internacional, que en el caso de la aprehensión de Humberto Moreira en España hace dos años, no dio el ancho.

Más allá de lo que hagan otros países, la detención del exgobernador Jorge Torres interpela a los niveles Federal y Estatal de gobierno en México y en Coahuila para que actúen al respecto, porque al fin y al cabo, más vale tarde que nunca.

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