Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un ex presidente ha sido sometido a juicio con cargos criminales.
Es también la primera ocasión que un candidato presidencial es colocado en el banquillo de los acusados en un juicio legal.
El caso de Donald Trump es sin lugar a dudas insólito y difícil de entender. Son 34 cargos en su contra por los que será procesado en el juicio que inició la semana pasada en Nueva York y que tendrá una duración de seis a ocho semanas.
Son once cargos por facturas falsas de honorarios legales, once más por utilizar cheques para sobornos y doce cargos relacionados con registros financieros.
Básicamente son dos vertientes en el caso: el pago de los $130 mil dólares para comprar el silencio de la actriz de películas pornográficas Stormy Daniels y la supuesta alteración de registros financieros para encubrir los desembolsos para la presunta amante de Trump.
El juez a cargo es Juan Manuel Merchan, nacido en Colombia y quien llegó a los seis años a Norteamérica con sus padres y hermanos. Lo han señalado de tener nexos con el partido Demócrata, en la campaña presidencial del 2020 donó $35 dólares incluyendo $15 dólares para Joe Biden, su hija pertenece a una asociación de activistas ligada a los demócratas.
Trump ha reiterado una y otra vez que las acusaciones en su contra son falsas y que el juez Merchan siente odio contra él ya que en años pasados llevó otros juicios de las empresas de Trump, en el 2022 condenó por fraude fiscal al director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg.
Luego de largas sesiones, doce ciudadanos de Manhattan fueron elegidos para participar en el juicio y decidir en su momento si Donald Trump es culpable o inocente de los cargos que se le imputan. De los escogidos cinco son mujeres y siete son hombres.
A querer o no las innumerables denuncias de los últimos años en contra de Trump revelan un encono por parte de sus enemigos políticos. Si el empresario neoyorquino no estuviera en búsqueda de un nuevo periodo como presidente difícilmente sería objeto de tal acoso legal.
En Estados Unidos las acusaciones contra los políticos y en particular contra presidentes no son nuevas y en algunos casos han sido definitivas para expulsar a personajes del poder y terminar sus carreras.
El presidente republicano Richard Nixon se vio obligado a presentar su renuncia a la Casa Blanca en agosto de 1974 luego del escándalo Watergate donde fue acusado de ordenar una operación para robar documentos de la campaña presidencial del Partido Demócrata.
Un mes después de su dimisión, Nixon fue indultado y exonerado de todo cargo por su sucesor Gerald Ford en una decisión que causó la irritación de buena parte del pueblo norteamericano.
William Clinton fue duramente acosado en su segundo periodo presidencial por su relación inapropiada con Mónica Lewinsky, universitaria que realizaba sus prácticas profesionales en Washington.
A pesar de que este caso no tenía que ver con asuntos de gobierno, Clinton estuvo a punto de renunciar ante la persecución legal de la que fue objeto incluyendo el juicio político del Congreso y del cual resultó exonerado en 1998, pero le retiraron por cinco años su licencia de abogado por haber obstruido la justicia.
No obstante, el escándalo Clinton-Lewinsky influyó para que en el año 2000 el candidato demócrata Al Gore perdiera por escaso margen la elección presidencial ante George Bush.
Los cargos presentados en este juicio en contra de Donald Trump no impiden que llegue a la presidencia de su país en caso de ganar los comicios el próximo mes de noviembre.
Sin embargo, si lo declaran culpable de las acusaciones y si los siguientes juicios le fueran también adversos, sin duda afectarán su imagen y con ello el número de votos a su favor.
La guerra legal apenas ha comenzado, pronto veremos si Trump resiste los embates y fortalece su candidatura o por el contrario sus enemigos logran su propósito político y electoral.
NOTICIA FINAL…
A propósito de indulto, la modificación a la Ley de Amnistía propuesta por Andrés Manuel López Obrador parece una estrategia para evitar ser enjuiciado una vez que deje la Presidencia de la República. Por cierto, ¿cuándo en México tendremos la posibilidad de ver a un ex presidente sometido a un juicio legal?
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