Recuerdo que cuando tenía alrededor de 5 años trabajando en la CFE, me comparaba con mis amigos en cuanto a mi percepción salarial; todos ellos estaban en la iniciativa privada y ganaban más que yo. Mi razonamiento en ese tiempo era que sí, yo ganaba menos, pero mis prestaciones con respecto a la jubilación eran muy buenas, asegurándome el futuro financiero ya de viejo; no es cosa menor, decidí quedarme.
El próximo lunes 23 de febrero, la presidencia de la república hará llegar una iniciativa al Senado de la República que busca incorporar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un principio de “pensiones sin privilegios” para exfuncionarios de confianza.
Además, las pensiones de altos mandos y exfuncionarios de confianza de organismos públicos, empresas del Estado, fideicomisos y banca de desarrollo no podrán exceder el 50 % de la remuneración que percibe la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.
La iniciativa es sectaria, no se propone afectar a sindicatos ni a fuerzas armadas ni a los ministros de la suprema corte de justicia. Meterse con sindicatos poderosos y con la milicia no es una buena idea.
Los ejemplos que se utilizan para justificar la iniciativa son de personas que trabajaron poco tiempo en las instituciones como directores o subdirectores, cargos muchas veces políticos, y que al retirarse tienen una pensión onerosa. Y sí, suena escandaloso, cosas que el sistema permite y que sin duda habría que corregir.
Pero ¿qué hay con aquellos trabajadores que, producto de su trabajo, se volvieron jefes de departamento, subgerentes o gerentes; esos profesionales que hicieron los aportes técnicos necesarios para tener esa distinción?
Personas que, además, fueron contratadas inicialmente como sindicalizadas y que, en su trayectoria, como ya dije, por méritos propios, pasaron a ser personal de confianza y que trabajaron durante al menos 30 años.
Muchos jubilados están al pendiente del alcance de la iniciativa y sus artículos, sobre todo lo concerniente a la retroactividad y su interpretación; ya veremos cómo viene y qué pasa en los cabildeos.
Algo que el Gobierno no ha evaluado, sobre todo para las empresas de carácter técnico como PEMEX y CFE, y que debería preocuparle, es que, una vez que se modifique el artículo 127, los profesionales en activo con más años de formación, los mejor calificados, que son el motor de esas empresas, harán cuentas y no querrán ser jefes y salir del sindicato, pues disminuirían su pensión.
Al no haber opciones, se dará un fenómeno donde los nuevos ingenieros, los que tienen muy poquito tiempo trabajando, llegarán a esos puestos “de confianza” por lo atractivo del salario, pero ojo, por muy buenos que sean, no serán los mejores; en el peor de los casos, esos puestos serán cubiertos por extraños al proceso. Las decisiones que se tomen no serán las mejores; la industria terminará pagando el costo y será sin duda mucho mayor a los pretendidos 5000 millones anuales que se pretende ahorrar, al tiempo.
Postdata
En el presupuesto de egresos de la federación del 2026 se destinan para el tren maya 30,000 millones de pesos y para el tren interoceánico otros 24,000 millones de pesos, y así.