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EDITORIAL

¡Justicia!

ALEJANDRA BARRALES
domingo 27 de octubre 2019, actualizada 8:59 am


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En México el 32.8 por ciento de las adolescentes de entre 15 y 17 años de edad ha sufrido alguna forma de violencia sexual en el ámbito comunitario, siendo la escuela el segundo espacio de incidencia de este delito, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Nuestro país carece de un instrumento que mida integralmente los diversos tipos de violencia directa que sufren las niñas, niños y adolescentes en sus distintos entornos y etapas de desarrollo.

Es así que los distintos registros administrativos no reflejan los verdaderos niveles de riesgo y resultan de poca utilidad para dimensionar la escala de los problemas que enfrenta la niñez y la adolescencia, pues apenas representan una imagen selecta de todo el conjunto.

Hace unos días una adolescente fue drogada y violada dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, que se localiza en la Ciudad de México.

La víctima se encontraba dentro de las instalaciones del CCH en compañía de cuatro compañeros, quienes le ofrecieron un brownie de chocolate que presuntamente contenía mariguana.

La adolescente comenzó a sentirse mal y perdió el conocimiento por alrededor de hora y media; al despertar se encontraba desnuda y con señales de violencia sexual. El hecho fue denunciado, los agresores están plenamente identificados pero no han sido detenidos.

Es grave que estos ilícitos se cometan en un centro escolar que debiera ser un lugar seguro para niñas, niños y adolescentes, pero más grave es que las autoridades educativas ni siquiera hayan detectado este delito de violencia sexual.

Es un caso que evidencia la falta de una normatividad administrativa que regule la forma de proceder frente a este tipo de violencia y la inexistencia de mecanismos de atención en los centros escolares.

En general, en las instituciones sobresalen factores como la ausencia de bases jurídicas, mandatos, funciones y responsabilidades de los servicios de orientación, notificación y denuncia.

Son insuficientes los recursos y habilidades del personal; las respuestas resultan descoordinadas o con poco o nulo seguimiento.

Es importante incluir en todos los niveles educativos programas de educación sexual para niñas, niños y adolescentes adaptados a las diferentes etapas de desarrollo.

Nada justifica la resistencia a que niñas, niños y adolescentes reciban educación sexual desde una perspectiva científica y adecuada a las distintas edades que les permita desarrollar sus habilidades para comunicar de inmediato cualquier acto que atente contra su integridad.

Es urgente la elaboración de un protocolo homologado en todo el territorio nacional para prevenir, detectar, atender, denunciar y sancionar los casos de violencia sexual a fin de que las autoridades educativas locales, las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes y las instancias de procuración de justicia sigan un procedimiento único que permita proteger su integridad.

Debe establecerse como medida obligatoria la capacitación del personal de las fiscalías de justicia, tribunales, policías, personal médico y docente y todo servidor público que tenga contacto con niñas, niños y adolescentes sobre cómo detectar y atender a las víctimas de violencia sexual.

Debemos caminar a ser una sociedad soldaría que defienda y respeta la igualdad, que garantice que las niñas, niños y adolescentes ejerzan plenamente su derecho a una vida libre de violencias.

Debemos tener claro que invertir en las necesidades de las niñas, niños y adolescentes es invertir en sus familias y en sus comunidades.

Twitter: @Ale_BarralesM
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