Cuestionan decretos sobre seguridad en Haití, El Siglo de Torreón
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Internacional

Cuestionan decretos sobre seguridad en Haití

Sirven para tipificar como 'terrorismo' los actos de vandalismo

EFE
PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ, domingo 13 de diciembre 2020, actualizada 8:42 am

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La ONU, la OEA y un grupo de embajadores extranjeros cuestionaron este sábado la calidad democrática de dos nuevos decretos aprobados en Haití que sirvieron para crear una agencia de inteligencia y para tipificar como "terrorismo" los actos de vandalismo.

El grupo de diplomáticos subraya que estos decretos, firmados el pasado 26 de noviembre por el presidente Jovenel Moise, "no parecen ajustarse a ciertos principios fundamentales de la democracia".

"Estos dos decretos presidenciales, adoptados en áreas que son competencia de un Parlamento, no parecen ajustarse a ciertos principios fundamentales de la democracia, el Estado de derecho y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos", afirma en un comunicado el Core Group.

Este grupo está integrado por los representantes en el país de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) y por los embajadores de Estados Unidos, Alemania, Brasil, Canadá, España y la Unión Europea.

Uno de estos polémicos decretos sirvió para crear la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y "otorga a los agentes de esta institución una casi inmunidad jurídica, abriendo así la posibilidad de abuso", según subraya el Core Group.

Este decreto prohíbe que los agentes de inteligencia sean procesados ante un tribunal por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, a no ser que lo autorice de forma expresa el presidente de la República.

Los agentes, que responderán directamente al presidente, tienen entre sus funciones la vigilancia de los "grupos susceptibles a recurrir a la violencia y a socavar la seguridad nacional y la paz social".

El otro decreto aprobado el mismo día tipifica como "terrorismo" los actos de vandalismo en la vía pública o el porte de armas de fuego y establece para estos delitos penas de 30 a 50 años de prisión.

Otro artículo de ese decreto también castiga la posesión de municiones, con un año de cárcel por cada una de las balas que se encuentren en posesión del sospechoso.

El Core Group señala que se califican como actos terroristas "ciertos hechos que no se encuadran" en esta definición, resaltando además que las penas previstas son "particularmente severas".

El comunicado del Core Group concluye reiterando el llamamiento a la organización de elecciones legislativas lo antes posible, para restablecer el Parlamento.

Los polémicos decretos fueron aprobados el 26 de noviembre, pero solo fueron dados a conocer por la prensa la semana pasada y su contenido ha causado indignación en Haití.

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