Reforma eléctrica enfrenta batallas legales, El Siglo de Torreón
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Nacional

Reforma eléctrica enfrenta batallas legales

Así como solicitudes de arbitrajes de empresas, asociaciones civiles y usuarios

EFE
CIUDAD DE MÉXICO, domingo 07 de marzo 2021, actualizada 8:32 am

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La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada esta semana provocará múltiples batallas legales y solicitud de arbitrajes de empresas, asociaciones civiles y usuarios tanto en tribunales nacionales como internacionales, explican este sábado abogados.

La reforma que "fortalece" a la empresa estatal la Comisión Federal de Electricidad (CFE), frente a privadas y extranjeras, aún debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero ya hay elementos para combatirla, asegura Mariana Salinas, abogada especializada en el sector energético del grupo Enersave.

"Las empresas, una vez que conozcan los efectos que va a producir la implementación de esta modificación, decidirán establecer una defensa legal de sus derechos, buscarán proteger los derechos que tienen adquiridos y que se respete el orden constitucional", manifiesta.

El principal cambio de la reforma, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es eliminar el criterio económico para despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables.

También ordena revisar los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

La normativa establece 180 días para que las dependencias encargadas expidan la reglamentación, recuerda Salinas.

Las empresas afectadas podrán presentar amparos directos en tribunales mexicanos o recurrir a arbitrajes internacionales con el argumento que "se están violando derechos básicos de libre concurrencia y de certeza jurídica".

La iniciativa de López Obrador revive los fantasmas de la expropiación o lo que algunos expertos consideran una nacionalización encubierta en el sector energético.

Pero aunque no implica la toma directa de bienes por parte del Estado, las empresas podrán argumentar una "expropiación indirecta" en instancias internacionales, considera Carlos Ramos, socio de la firma internacional Hogan Lovells.

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