De agua y consulta popular; responde sí el 1 de agosto, El Siglo de Torreón
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EDITORIAL

De agua y consulta popular; responde sí el 1 de agosto

Yo río libre

JULIO CÉSAR RAMÍREZ
sábado 24 de julio 2021, actualizada 8:14 am


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La invitación es a participar en la consulta popular del 1 de agosto, y a responder "sí" a la pregunta sobre si se debe o no hacer algo para cumplir con el derecho a la verdad y la justicia de quienes han sido víctimas por acciones y omisiones del Estado Mexicano (que eso, y no otra cosa, es lo que señala la pregunta que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación del país que se llama México). No es nada más "juicio a expresidentes"; es a todo un régimen, a todo un sistema, a todo un modelo neoliberal putrefacto, por causas incuantificables; entre todas ellas, la crisis del agua en que nos han metido los malos gobiernos y los intereses que representan.

La pregunta que se deberá responder este 1 de agosto, es la siguiente: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

No está de más volver a recordar -para el tema de este artículo editorial- que la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN) fue promulgada en 1992 por Carlos Salinas de Gortari de cara a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Su función principal fue reemplazar las complejas formas de tenencia del agua en el país con un sistema único de concesiones libremente transferibles, a ser otorgadas masivamente "en orden de solicitud" por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), autoridad central sin mecanismos de revisión pública ni contrapesos.

Bajo la Ley de Aguas Nacionales, a lo largo de los años noventa -en los gobiernos de Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo-, la Conagua empezó a otorgar masivamente concesiones a largo plazo (30 años para empresas, 10 años para pequeños productores) para todos los pozos y tomas existentes, supuestamente "en orden de solicitud", sin importar la existencia de 344 vedas de aguas superficiales y 146 de aguas subterráneas, ni la falta de disponibilidad o la prelación de usos, ni si los volúmenes solicitados correspondían a los realmente utilizados.

Funcionarios de Conagua, desconcertados, empezaban a referirse a los "pozos fantasma" de las grandes empresas que estaban especulando con el agua. Inmediatamente emergió un poderoso mercado de concesiones el cual, según las intenciones de la LAN, iba a permitir que el agua quedara en manos de los sectores y empresas más productivas y rentables.

El otorgamiento masivo de concesiones "en orden de solicitud" fue opaco, arbitrario y discriminatorio, en contra de los pueblos y a favor de los intereses más cercanos al régimen federal en turno, fuera de Salinas, Zedillo o los siguientes, de Fox, Calderón y Peña Nieto.

Cuando la Conagua realizó sus primeros estudios de disponibilidad en 2003 -en el gobierno de Fox- descubrió que había entregado concesiones en exceso a los volúmenes disponibles en 102 acuíferos y 100 cuencas de ríos.

Para el año 2015 -ya en el gobierno de Peña Nieto- se habían otorgado 500 mil concesiones, incluyendo 5.6 trillones de litros anuales de aguas subterráneas y 17 trillones de litros anuales de aguas superficiales en exceso a su disponibilidad.

Durante el gobierno de Peña Nieto, seis de cada diez mexicanos dependían por su agua de acuíferos sobreexplotados.

Más aún: gracias al libre mercado de concesiones, el 70 % de las aguas nacionales concesionadas estaban en manos de solo el 7 % de los concesionarios.

La Ley de Aguas Nacionales -sostenida por el régimen de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña-, basada en mecanismos de mercado, ha quedado más incongruente frente a la aparición e incipiente consolidación de un marco jurídico constitucional e internacional basado en los derechos humanos y de los pueblos, que reconoce y busca hacer respetar los límites de la sustentabilidad.

Esto explica por qué es necesaria una nueva Ley General de Aguas, con base en la iniciativa ciudadana de la coordinadora nacional Agua Para Todos.

Nos encontramos en un periodo de transición. El marco jurídico e institucional para el manejo del agua que ha regido desde 1989 -Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto-, no funciona en favor de los derechos o el ambiente. La Constitución exige reemplazarlo y la ciudadanía votó en 2018 a favor de un cambio.

Este 1 de agosto, responde "sí" en la consulta popular.

@kardenche

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HAY 1 COMENTARIOS

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carloseram

sáb 24 de jul ...
No sabía que éste escribidorcillo era chairo comecroquetas. La farsa de la consulta es más bien un censo de pende ejotes, es para conocer cuántos deficientes mentales hay en el país. Si eres de esos, por favor regístrate en el censo.
publicado por: Carlos Ramírez

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