(EL SIGLO COAHUILA)
Colectivos de familias de personas desaparecidas de Coahuila emitieron un pronunciamiento conjunto sobre el Informe de la visita a México que emitió el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); a través del cual piden el fortalecimiento de las autoridades y hacen un llamado a diversas dependencias y organismos, para que dejen de ser omisos o participen de alguna manera en las corruptelas de los procesos de estos delitos y combatir la impunidad.
Dicho pronunciamiento fue dirigido al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, al Congreso de la Unión, tanto a Senadores como Diputados), a Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza; así como a medios de comunicación, instituciones religiosas y sociedad en general.
“Para nosotras es de gran valor que un organismo internacional emita recomendaciones al Estado Mexicano con la finalidad de que implementen acciones que lleven a la erradicación de esta la grave violación a los derechos humanos que en los últimos años ha cobrado mayor fuerza de tal manera que casi tengamos ya 100 mil personas desaparecidas”, se puede leer en el comunicado, previamente celebraron el informe emitido por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU el pasado 12 de abril.
En el documento refieren que en 2009, cuando dieron a conocer públicamente lo que pasaba en Coahuila, fue la primera advertencia hacia el Estado Mexicano, además de pedir que realizaran la búsqueda inmediata de sus seres queridos; trataban de detener esta tragedia para que ninguna familia más viviera lo que vivieron los integrantes de los colectivos.
“Buscamos entonces que organismos nacionales e internacionales voltearan a ver a nuestros estados, a nuestro país. Fue así como en el 2011 recibimos en Coahuila el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU; ahora, después de una década, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU constató no sólo en nuestro estado, sino en todo México, las desapariciones como una práctica sistémica que no para y no se atiende de manera inmediata y efectiva”, se indica en el pronunciamiento.
Por lo tanto, como familias y organizaciones, urgieron a fortalecer las instituciones, asignando presupuesto para equipo y personal capacitado; además del trabajo articulado entre las mismas, puesto que de esto dependen los resultados en la búsqueda e investigación.
“Mientras la impunidad continúe como práctica constante en todo el aparato gubernamental, los resultados serán mínimos o nulos, por lo que hacemos un llamado a los tres poderes (judicial, legislativo y ejecutivo) y a los tres niveles (municipal, estatal y federal) del Gobierno; a los órganos autónomos, tanto la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza (FGEC), como a la Fiscalía General de la República (FGR); a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a que dejen de ser omisos o participen de alguna manera en las corruptelas de los procesos de estos delitos”.
También refieren que el Comité no debe esperar más, pue ha constatado la situación en el país, y ya que las recomendaciones son vinculantes para el Estado Mexicano, consideran necesario crear un Mecanismo Internacional que dé seguimiento a las recomendaciones.
“De tal manera que no esperemos ni un año más para que se trabaje realmente en la búsqueda e investigación de nuestros seres queridos, así como en establecer sanciones a los responsables, incluidas las autoridades involucradas de forma directa e indirecta”, se puede leer.
El documento es firmado por: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-FUNDEM), Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (VI.D.A Laguna A.C), Buscando Desaparecidos México (BUSCAME), Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Rastreador@s Nacionales de Personas Desaparecidas (RANADES), Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos, A.C., Alas de Esperanza, A.C. y Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
