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Caso Ayotzinapa

Marina manipuló caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa

El informe presenta también nuevas evidencias de vacíos de información en momentos clave

CARLOS G. GONZÁLEZ

La Marina Armada fue parte activa de la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en la madrugada del 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los marinos también participaron en la construcción de la versión histórica del caso durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El nuevo informe -el primero durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador- se basa en documentos y videos militares y de inteligencia que estuvieron ocultos durante seis años.

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Denuncia la ocultación de información

Aunque el acceso a algunos registros fue bloqueado en ocasiones, finalmente fueron proporcionados gracias a la intervención directa de López Obrador.

De acuerdo con el documento, los elementos castrenses operaron en el basurero de Cocula donde el gobierno de Peña Nieto aseguró que los normalistas habían sido incinerados previo a que las autoridades aseguraran la zona.

Los expertos de la CIDH también indicaron que el Ejército realizó investigaciones que no compartió ni conoció en tiempo real el crimen organizado sobre la ubicación de algunos de los normalistas, mismas que se consideran como vitales para haber localizado con vida a algunos de los jóvenes.

La CIDH no detalla el móvil del ataque ni el paradero de los normalistas. Sin embargo, señala que hubo dos investigaciones paralelas, la oficial y otra de un grupo de crisis que no compartían datos, y que la llamada "verdad histórica" del gobierno de Peña Nieto fue una gran operación dirigida por una "autoridad superior", misma que no se detalla, y contó con la participación de elementos de la Policía de Guerrero, la Federal, Ejército, Marina, servicios de inteligencia y otras dependencias adscritas a la extinta Procuraduría General de la República.

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El informe presenta también nuevas evidencias de vacíos de información en momentos clave aunque había un seguimiento de años de los alumnos de Ayotzinapa y de los delincuentes de la zona. Confirma que se crearon documentos falsos para "legalizar" irregularidades y detalla, por ejemplo, que la llamada anónima que llevó a la captura de quienes después confesaron haber asesinado y cremado a los jóvenes nunca existió.

A la fecha, solo tres de los 43 estudiantes han sido identificados a través de restos, como huesos calcinados, localizados en distintos lugares.

Unas 140 personas han sido detenidas desde 2014 pero la mayoría fueron excarcelados por irregularidades en sus procesos, principalmente por haber sido sujetos a torturas; medio centenar sigue en prisión.

Delincuentes que presuntamente podrían haber sido testigos clave fueron asesinados.

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