La semana pasada se presentó la actualización del Inventario Nacional de lo Militarizado, un proyecto que busca dar cuenta del proceso de militarización que ocurre en México. El Inventario es una lista de funciones o presupuestos civiles entregados a las fuerzas armadas entre 2006 y 2023. Sin embargo, no solo cuantifica qué se ha transferido a las instituciones militares, también busca entender cómo esto ha sucedido, quiénes han participado y cuándo. El documento de análisis, así como la base de datos, pueden ser consultadas en: https://politicadedrogas.org
La investigación -realizada por el Programa de Política de Drogas, de Intersecta y de México Unido Contra la Delincuencia- encontró 291 ocasiones en las que se han transferido funciones o presupuesto civil a las fuerzas armadas entre 2006 y 2023.
En algunos casos, las transferencias se dieron a partir de reformas legislativas (ya sea de leyes o de la Constitución) discutidas en el Congreso. Otra parte de las transferencias se dio por medio de decretos o acuerdos del ejecutivo federal. En total, el Inventario documentó 19 decretos que dan funciones civiles a las fuerzas armadas, todos de este sexenio. La enorme mayoría no tiene nada que ver con seguridad, sino con construcción de obra o con establecer reglas especiales para evadir las reglas de transparencia, de rendición de cuentas o las leyes ambientales. A través de estos instrumentos, el gobierno actual creó 15 empresas militares para administrar aeropuertos, el tren, la aerolínea, etc.
El inventario también registró 258 convenios firmados entre las fuerzas armadas y autoridades federales, estatales o municipales, entre 2007 y 2022. Estos convenios muestran que la federación no es la única que participa en el proceso de militarización. Casi la mitad de los convenios encontrados fueron suscritos por autoridades estatales. Sin embargo, los tipos de transferencias que hacen los estados y la federación varían. La mayoría de los convenios con los estados transfieren funciones en materia de seguridad pública a instituciones militares. A nivel federal, en cambio, casi ocho de cada diez convenios tienen que ver con otras cosas como obra pública, salud, medio ambiente o política social. En algunos casos, no se establecen plazos de conclusión y los montos comprometidos se omiten o quedan abiertos. Otras veces, se establece el traslado de recursos civiles para el pago de funciones militares como la construcción de batallones o vivienda militar.
A diferencia de las reformas legislativas, los decretos del ejecutivo y los convenios se aprueban sin discusión pública y escapan, en ocasiones, la rendición de cuentas. Estos documentos muestran, además, que la militarización no se explica ya por las condiciones o necesidades de seguridad en el país. Se está transformando a las fuerzas armadas, especialmente a la Sedena, en administradores con intereses empresariales. Todo, además, con presupuesto público, pero con reglas especiales.
El Inventario solo muestra una parte de los procesos de militarización que se han dado en el país, aquellos que fueron posibles documentar. No conocemos la totalidad. No obstante, permite constatar que la militarización ocurre y que, las más de las veces, sucede lejos del debate público y de los parámetros establecidos en la Constitución.
@cataperezcorrea
