La Magistrada del Poder Judicial de Coahuila, María Luisa Valencia. (MARISELA SEVILLA)
La Magistrada del Poder Judicial de Coahuila, María Luisa Valencia, dio a conocer las cifras actualizadas de los padrones estatales del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Contra las Mujeres, destacando los esfuerzos para garantizar justicia y cumplimiento de responsabilidades familiares.
En el caso de los deudores alimentarios, María Luisa Valencia señaló que el padrón estatal cuenta con 219 registros distribuidos por distritos judiciales y son siete personas con denuncia en Parras de la Fuente, 115 en Torreón, lo que significa la cifra más alta, once en Saltillo, 59 en Monclova, 17 en Río Grande, tres en San Pedro, al igual que en la Región Carbonífera y dos más en Ciudad Acuña.
La Magistrada detalló que estos registros corresponden a procesos legales derivados de demandas por pensión alimenticia, tanto en juzgados familiares como en juzgados especializados.
De igual manera, Valencia enfatizó que el incumplimiento de esta obligación constituye un delito: “Muchos de estos hombres dejan de trabajar para eludir su responsabilidad, pero este incumplimiento puede derivar incluso en prisión preventiva”, explicó.
En cuanto al Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Contra las Mujeres, la cifra total asciende a mil 238 personas, condenadas por diversas formas de violencia, como la psicológica, física, sexual, económica o patrimonial.
Los casos están distribuidos en Ciudad Acuña con 69, Monclova con 99, en Río Grande son 341, en la Región Carbonífera hay 145, en Saltillo, 363, en San Pedro son 32 y en Torreón, 189.
Aunque no todos estos delitos implican prisión preventiva, ya que la violencia económica o patrimonial no necesariamente conlleva una condena de cárcel, las sanciones buscan inhibir estas conductas y proteger a las víctimas.
“Se trata de garantizar que los hombres cumplan con sus responsabilidades y que las mujeres y los niños vivan libres de violencia. La ley está diseñada para proteger a los sectores más vulnerables y castigar a quienes incumplen sus obligaciones”, concluyó la Magistrada Valencia.
