De materializarse, tendría efectos negativos inconmensurables en el sistema de justicia, dicen.
La Fiscalía General de la República, junto con los representantes de cinco fiscalías estatales, entre ellas Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla y Estado de México, rechazaron el acuerdo para eliminar la prisión preventiva oficiosa. Demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tome en cuenta aspectos como que dicha medida es una restricción válida del derecho humano a la libertad, en virtud de que este no es absoluto.
En la primera sesión ordinaria 20-24 de la Zona Centro participaron la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General de Justicia Militar, los fiscales de Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla y Estado de México, y se llevó a cabo en la FGJEM, en Toluca.
Germán Adolfo Castillo Banuet, fiscal especializado de Control Regional en representación del fiscal general de la República, destacó que la prisión preventiva oficiosa es una restricción válida del derecho humano a la libertad, en virtud de que este no es absoluto. Especificó que con la eliminación de la prisión preventiva se otorgaría libertad a cerca de 68 mil personas sujetas a esta medida por delitos de trascendencia penal que afectan los bienes jurídicos de mayor valía. Afirmó que, de materializarse, tendría efectos negativos inconmensurables en el sistema de justicia y los derechos de las partes, desde el retardo en la conclusión de asuntos hasta la sobresaturación de solicitudes de revisión de medidas cautelares y el colapso por la insuficiencia del personal involucrado en su atención.
“Quienes integramos la Zona Centro de la Confederación Nacional de Procuración de Justicia solicitamos atentamente a las ministras y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectuar una profunda reflexión sobre la realidad social en México y la Fiscalía General de la República y los que integramos la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que agrupa a las fiscalías y procuradurías de todo el país”, expresó Castillo Banuet. El rechazo, sentenció, es contra una jurisprudencia sobre la demanda de amparo con la que se ordene suspender el cumplimento de una orden de aprehensión por delitos graves, como feminicidio, homicidio, violación, secuestro, delincuencia organizada, por mencionar algunos.
Por lo anterior, la Fiscalía General de la República, junto con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que agrupa a las fiscalías y procuradurías de todo el país, han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que emita un pronunciamiento claro y definido sobre la supremacía constitucional que debe prevalecer en beneficio de las víctimas y de los ofendidos, y de eso hemos hablado durante nuestra reunión. Por otra parte, durante la reunión, quienes integran la Zona Centro de la Confederación Nacional de Procuración de Justicia, reiteraron su compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos de las víctimas, convencidos de que debemos actuar individual y colectivamente para pugnar por la vigencia de la Constitución ante las injerencias de terceros que pretenden anularla.
