Justicia sin solución
Lo peor de todo es que la justicia de nuestro país tiene muchos y muy serios problemas. El presidente López Obrador sería un verdadero héroe si hubiera impulsado una reforma de fondo que corrigiera las fallas más importantes. Algo adelantó Arturo Zaldívar cuando era presidente de la Suprema Corte, al impulsar una reforma que entre otras cosas buscaba evitar el acoso sexual y el nepotismo en los tribunales. Fortaleció el sistema de selección de jueces y magistrados por concursos de oposición con la idea de mejorar su calidad. Sin embargo, el presidente está impulsando hoy una iniciativa que busca que los jueces sean electos por voto popular, aunque no tengan experiencia. Lo más trágico es que el exministro Zaldívar, quien no puede escudarse en la ignorancia, aplaude para quedar bien con el presidente y con la presidenta electa.
El primer punto que hay que arreglar en el sistema no es la impartición de justicia, que es responsabilidad de los jueces, sino la procuración de justicia, que toca a los ministerios públicos y las fiscalías. Estos no son parte del poder judicial. Cuando se comete algún delito, los ministerios públicos y las fiscalías son los abogados de la sociedad que preparan las denuncias, detienen a los presuntos responsables, los presentan ante los jueces y dan seguimiento a los casos.
La Constitución ordena que la justicia sea gratuita y accesible para todos, pero el gobierno no le proporciona al poder judicial los recursos para lograrlo. El gobierno de México dedicó al poder judicial en 2021 un presupuesto de sólo 0.63 por ciento del producto interno bruto, mientras que Dinamarca invirtió 0.93 por ciento, Noruega 1.07 por ciento y Finlandia 1.15 por ciento. El gasto mexicano resulta todavía más insuficiente porque el número de delitos en nuestro país es muy superior. Costa Rica gastó en impartición de justicia 2.6 por ciento del PIB en 2021, lo cual explica por qué este pequeño país tiene tan buen sistema de justicia pese a ubicarse en Centroamérica, una región muy afectada por el crimen. En 2023 el gobierno mexicano disminuyó el gasto en justicia a 0.5 por ciento del PIB, así que en vez de avanzar estamos retrocediendo.
La Constitución ordena que la justicia sea pronta y expedita, cosa que tampoco se logra por la saturación de los tribunales. Esto es producto no sólo del bajo gasto público en esta materia sino también del hecho que el gobierno de López Obrador ha continuado la guerra contra las drogas, a pesar de que ha dicho que la ha detenido. Por otra parte, decenas de miles de personas, especialmente las más pobres, son encarceladas injustamente bajo la figura de prisión preventiva oficiosa que obliga a los jueces a encarcelar a los acusados de ciertos delitos, aunque no hayan sido juzgados todavía.
No solamente no es pronta ni expedita la justicia, sino tampoco justa. Los institutos de defensoría pública, que deben proporcionar abogados de oficio gratuitos a los pobres, tienen pocos recursos y sus letrados, usualmente recién graduados, están saturados de trabajo y no tienen la capacidad de ganar juicios complicados.
Es mucho lo que se debe hacer para realizar una verdadera reforma del sistema de justicia. El problema es que el presidente no ha entendido la situación y piensa que todo puede arreglarse con unas elecciones para más de mil 600 jueces federales y más de cinco mil del fuero común, los cuales reemplazarían a jueces con experiencia. Nadie sabe cómo se llevarán a cabo estas gigantescas elecciones ni cuánto costarán. Pero sí sabemos que no resolverán ninguno de los problemas de justicia del país.
