Los mercados contra la Reforma Judicial

A inicios del año, en la mañanera del 2 de enero, el expresidente Andrés Manuel López Obrador planteó una reforma al Poder Judicial de la Federación como parte del llamado Plan C, el cual consideraba la importancia de que el pueblo mexicano eligiera sus ministros, jueces y magistrados por voto popular, por lo que el mandatario trabajaría en enviar una iniciativa al congreso antes de terminar su sexenio.

A decir de especialistas, agencias calificadoras e instituciones internacionales y nacionales, esto tendría impactos significativos en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), el presupuesto de la federación, las relaciones comerciales y los acuerdos firmados en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), afectando severamente la economía el país. 

Justo en medio del proceso electoral y ante los constantes reveces en torno a varias de las reformas propuestas por el ejecutivo —como la eléctrica y la electoral—, se propuso el voto popular de ministros, magistrados y jueces, la extinción de los fideicomisos del poder judicial, así como la reforma al Consejo de la Judicatura, entre algunos otros puntos, lo que fue visto por no pocas personas como un problema mayúsculo que aumentaría la incertidumbre, ya de por sí elevada en medio de la elección presidencial. 

Para actores políticos como Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, la reforma “podría hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”, pero fue más allá al referir posibles turbulencias económicas y políticas que podrían durar años, así como representar un riesgo para la democracia mexicana y amenazar las relaciones comerciales con sus socios históricos. 

Organismos internacionales como la Cámara de Comercio de Canadá (CanCham) y la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham) advirtieron que la reforma podría comprometer la relación comercial por el incumplimiento de acuerdos signados en el T-MEC y retrasar la impartición de justicia especializada, en detrimento de las relaciones entre los países norteamericanos. 

Agencias calificadoras como Moody’s y Fitch Ratings también cuestionaron severamente el ajuste constitucional. La primera habló de la erosión en el equilibro de poderes y el debilitamiento de las instituciones, situaciones que podrían mermar la fortaleza y las finanzas de México, la duodécima economía del mundo, al referir que “la nueva ley podría politizar los dictámenes de la Corte” y “comprometer la independencia del sistema”; mientras que la segunda agencia hizo énfasis en las afectaciones a la inversión y el entorno de negocios de las empresas no financieras, así como en el impacto en el tipo de cambio. 

De hecho, entre el martes 2 de enero y el 27 de agosto (día en que se aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial), el tipo de cambio tuvo una depreciación del 15.50 por ciento, pasando de los 17.03 pesos por dólar a los 19.67 pesos por dólar. Sin embargo, esta variación no puede ser cargada en su totalidad a la reforma, ya que no podemos olvidar el impacto que tuvo el arrollador triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la definición de las bancadas de los partidos en ambas cámaras y algunas situaciones internacionales en la relación peso-dólar. 

PREDICCIONES DE ORGANISMOS FINANCIEROS 

Organismos financieros como Morgan Stanley, Bank of America, Citibanamex, BBVA, Banco Base también se subieron al tren de la crítica. Morgan Stanley hizo un ajuste en sus recomendaciones para invertir en renta variable en México, por la incertidumbre que provocaba la reforma al Poder Judicial, y degradó a la nación al rango de “subponderada” (UW). 

Bank of America (BofA) lanzó un análisis titulado México: Abróchense los cinturones: se avecinan cambios constitucionales, donde advierte que junto con la desaparición de organismos autónomos se podría profundizar la desaceleración económica del país y aumentar la posibilidad de entrar en una recesión técnica. 

BBVA México considera que de mantenerse la incertidumbre por el cambio de ley, la economía podría crecer menos del uno por ciento el próximo año, una cifra más optimista que la dada por Banco Base, que menciona una caída de hasta 1.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el riesgo de perder 45 mil 464 millones de dólares en nuevas inversiones, de las cuales aproximadamente el 48 por ciento son de empresas norteamericanas. 

Citibanamex habló de cómo los cambios planteados por el ejecutivo e impulsados en el Congreso subestiman el riesgo económico que esto implica, pues se podría desencadenar una reacción negativa acumulada que impacte la dinámica económica del país. 

Organismos nacionales también entraron a la discusión. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) presentó un documento titulado La economía se mantiene a la baja, donde asegura que después de la aprobación de la ley, la “cautela” de las empresas aumentará considerablemente, debilitando la inversión y disminuyendo las oportunidades que ofrece el nearshoring. Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) destacó impactos en el desarrollo económico y la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como el excesivo costo provocado por la elección de jueces y magistrados, que se estima en tres mil 500 millones de pesos.

CONTEXTO A CONSIDERAR 

Por un lado, se tienen a las empresas ya establecidas en México, que de alguna manera ya aprendieron a convivir con el “ambiente jurídico” que hay en el país, pero por otra parte están las compañías que quieren invertir, pero tienen sus reservas. 

Las cifras así lo demuestran. Por ejemplo, en 2023 sólo el 13.4 por ciento de las IED fueron nuevas inversiones; a mediados de 2024, esta cifra está en apenas el 1.9 por ciento del total. Esto deja una sensación de que no se ha logrado transmitir certeza a esos nuevos inversionistas que vienen a un país con muchas ventajas, como la posición geográfica, los acuerdos comerciales que tiene y la estabilidad macroeconómica para la relocalización de sus compañías. 

Es cierto que la reforma no se está desarrollando en medio de las condiciones de la crisis económica de 1994; ni en las circunstancias del año 2000, cuando la caída de las Torres Gemelas y la inserción de China a la Organización Mundial de Comercio reconfiguraron al sector maquilero en México (particularmente en la Comarca Lagunera), ni mucho menos en la pandemia de covid-19 del 2020, sin embargo, la incertidumbre política podría hacer que se perdieran oportunidades únicas para la economía nacional. 

Crear dudas sobre cómo se pueden resolver los problemas de tipo legal, sobre todo para las empresas, puede reducir el grado de inversión en un contexto como el actual: 

• Un bajo crecimiento económico que se estimaba en 3.0 por ciento, pero que al cierre del año llegará apenas a un 1.5 por ciento. 
• El paso de un gobierno a otro. El primer año de una nueva presidencia siempre presenta una disminución natural en la dinámica económica por los cambios del equipo de gobierno. 
• El déficit público de este año fue el más alto en las últimas tres décadas y se tendrá que ajustar próximamente. 

Los riesgos de menor inversión, la desaceleración económica, el cambio de gobierno y un ajuste fiscal severo pondrían al país en riesgo de una recesión, que definitivamente es menos deseable que una desaceleración, pero que no se puede descartar si se suma una reforma que trae incertidumbre adicional. 

De cualquier forma, los mercados ya contaron parte de esta historia, por lo que será fundamental que los cambios secundarios de la Reforma Judicial bajen la tensión, de lo contrario, la recesión no será sólo una estimación, sino una realidad.