México se sumará a Bolivia, Estados Unidos y Suiza para elegir jueces por voto popular
El método de elección de autoridades jurisdiccionales mediante voto popular es uno de los menos frecuentes para la selección de juezas y jueces en todo el mundo.
La investigación titulada “Elección de autoridades jurisdiccionales: países seleccionados”, elaborada por los investigadores Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, señala que entre los países que han incorporado la elección popular destacan los casos de: Bolivia, en donde se eligen a juezas y jueces nacionales; en Estados Unidos y Suiza se eligen juezas y jueces subnacionales; en Japón los jueces de la Corte Suprema se enfrentan a elecciones de retención.
En algunos otros países, se eligen juezas y jueces de paz o el nivel equivalente, son los casos de Perú, Colombia, Venezuela y algunos municipios franceses.
La revisión de los casos de Bolivia y Estados Unidos muestra que existe una serie de preocupaciones sobre diversos aspectos de la elección de autoridades jurisdiccionales por voto popular.
En Bolivia, por ejemplo, las críticas se han dirigido al proceso de selección de los candidatos, ya que solo un organismo estatal es quien interviene en la preselección, mientras que en los Estados Unidos la principal preocupación es el financiamiento privado de las campañas.
Por otra parte, hay voces que ven en la elección de juezas y jueces por voto popular una expresión activa y permanente de la soberanía popular, un mecanismo de rendición de cuentas, un agente de cambio constitucional y un diálogo que facilita la discusión pública sobre las decisiones judiciales.
El análisis destaca que, de acuerdo con la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los componentes de la independencia judicial son la estabilidad e inamovilidad en el cargo, un adecuado proceso de nombramiento y ser protegidos contra presiones externas.
Cambios al Poder Judicial
La Reforma Judicial propone cambios en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial Federal.
Establece Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito sean todos electos mediante voto popular en las urnas; proceso que organizaría el INE, como cualquier otra elección, pero a diferencia de los comicios que hasta ahora conocemos, los partidos no serían quienes postulen a los candidatos, sino los tres poderes de la Unión en igual proporción, las Cámaras de Diputados y Senadores, la Presidencia de la República y la Suprema Corte de Justicia.
Se establecen plazos específicos, como un máximo de seis meses para resolver asuntos tributarios, y se introduce un órgano de administración judicial para gestionar a los integrantes del Poder Judicial Federal, asignándole amplias responsabilidades, incluida la administración de la carrera judicial y los recursos.
Reduce el número de integrantes de la SCJN y se limita la remuneración de los jueces a no superar la del presidente de la República, asegurando que esta no disminuya durante su encargo.
Se prevé una elección extraordinaria en junio de 2025 mediante la cual se vote por candidatos para todos los cargos mencionados, y los que resultaren electos reemplazarían a los actuales juzgadores al momento de tomar posesión el 1 de septiembre del mismo año. Es decir, todos los juzgadores del Poder Judicial en México serán reemplazados por los nuevos juzgadores electos, pudiendo participar los actuales como candidatos para mantener su cargo siempre y cuando sean propuestos por alguno de los tres poderes.
