"El arraigo y la prisión preventiva oficiosa. restringen desproporcionadamente la libertad personal sin que exista una sentencia condenatoria y desconocen la presunción de inocencia".
Arturo Zaldívar, 2022
Prisión preventiva significa encarcelar a un acusado antes de ser juzgado. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que "la prisión preventiva oficiosa es una figura incompatible e irreconciliable con las normas internacionales de derechos humanos", mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha determinado que es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo ha dicho también Arturo Zaldívar, quien cuando era presidente de la Suprema Corte escribió que "no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico".
La presidenta Sheinbaum, sin embargo, tiene otros datos. Este 13 de noviembre declaró: "El que haya prisión preventiva oficiosa no quiere decir que el juez, sin pruebas, lleva a alguien a prisión; la fiscalía tiene que aportar pruebas". La realidad es otra; la exigencia probatoria para comenzar un proceso es muy laxa: las pruebas se presentan realmente en el proceso. Zaldívar tenía razón cuando afirmó en 2021, la prisión preventiva es "una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza".
El gobierno mexicano sabe que la prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia y los derechos humanos, pero en lugar de eliminar o limitar la práctica el gobierno de López Obrador la amplió en 2019. Según Stephanie Brewer, directora para México de la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA), una organización de defensa de los derechos humanos, "para diciembre de 2022, más del 40 por ciento de la población privada de libertad en centros penitenciarios en México se encontraba en prisión preventiva".
El 27 de enero de 2023 la CIDH notificó al Estado mexicano de una sentencia en su contra por la violación de los derechos de Jorge Marcial Tzomaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, encarcelados por años bajo esa figura. Condenó al Estado mexicano a modificar su legislación, pero la aplanadora legislativa de Morena la está ahora endureciendo
En los países en que se respetan las garantías individuales la prisión preventiva es una excepción y no la regla. Se aplica solo a aquellos acusados que puedan representar un riesgo de fuga o un peligro para las víctimas o para la sociedad. México tiene una presidenta, Claudia Sheinbaum, que se precia de ser progresista y respetuosa de los derechos humanos; por eso algunos esperaban que cumpliera con la sentencia de la CIDH y eliminara o suavizara la prisión preventiva oficiosa.
No obstante, la primera mandataria no se atreve a ir en contra de las disposiciones de su predecesor, quien era abiertamente autoritario y no se preocupaba por las violaciones a derechos humanos. El secretario de gobernación en 2023, Adán Augusto López, respondió a la sentencia de la CIDH: "Es un despropósito de la Corte Interamericana el ponerse por encima de la Constitución y el faltarle al respeto al Estado mexicano. . No puede haber ninguna corte, por más interamericana que sea que cometa. el despropósito de obligar al Estado mexicano a modificar la Constitución".
En realidad, México aceptó la obligatoriedad de las sentencias de la CIDH desde 1998. En 2011, además, enmendó la Constitución para reconocer los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales. El problema es que el secretario de gobernación de 2023 es hoy el coordinador de Morena en el Senado, y a esta cámara legislativa le tocará aprobar ahora la iniciativa que endurece una prisión preventiva oficiosa que sabemos es violatoria de los derechos humanos.
TRANSGÉNICO
Ante la inminencia de la derrota de México en el panel del T-MEC sobre el maíz transgénico, la presidenta Sheinbaum aseguró ayer que prohibirá el maíz blanco transgénico en el país. Olvidó mencionar que México perdió el panel porque no pudo demostrar los supuestos daños a la salud de este maíz.
