La Sentencia No.543, emitida a inicios de 2023 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga al gobierno federal a subsanar 19 omisiones en que incurrió durante décadas que provocaron el deterioro del acuífero principal de la Comarca Lagunera. Se originó en un juicio de amparo promovido por tres organizaciones civiles y con retraso fue atendida por las oficinas de gobierno responsables de la gestión del agua en México (SEMARNAT y CONAGUA) hasta octubre de 2024, cuando el director del Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte, convocó a los quejosos para dar cumplimiento a su ejecución.
Durante diez meses se ha establecido un diálogo entre el gobierno federal y ciudadanos que forman parte de las organizaciones civiles que ganaron dicho juicio, suscribiéndose a principios de este año un primer Acuerdo en el que se establecen las medidas a corto plazo para ejecutar la Sentencia 543, las cuales se vienen implementando bajo la vigilancia del juez de distrito en quien la Corte delegó su cumplimiento. También ambas partes coincidieron en que este proceso deberá transparentarse ante la sociedad, ya que la situación en que se encuentra el agua del subsuelo como bien público, es un asunto que implica a la mayor parte de los habitantes de esta región, como ocurrió en la reciente rueda de prensa que se celebró días atrás en las instalaciones de la CONAGUA.
Por la importancia que tiene dicho asunto, vale la pena recapitular el contenido del Acuerdo suscrito para informar los avances obtenidos a la fecha. El Acuerdo contiene varias medidas que forman parte del Programa Conjunto que la Corte ordena elaborar a la SEMARNAT y la CONAGUA para subsanar las omisiones señaladas. Estas inician con:
1) La actualización del estado de las concesiones de agua del acuífero principal que ha expedido la CONAGUA, un padrón de 3,600 títulos otorgados a usuarios de agua del subsuelo. Al respecto, de manera conjunta se determinó realizar en una primera etapa la inspección de los pozos que se ubican en la zona de mayor abatimiento (2 a 3 metros anuales, donde es más grave la sobreexplotación), sobre la cual la CONAGUA presenta un informe de visita a 971 pozos, la mayor parte realizada durante 2025, cuyo resultado ha sido la cancelación de 50 aprovechamientos y la revisión de poco más de un centenar con posibles irregularidades.
2) La suscripción de un convenio de colaboración entre la CONAGUA y la UNAM, en el cual se establece que esta institución educativa a través de su Instituto de Geociencias (IG) fungirá como la responsable de proporcionar el apoyo científico-técnico que valorará el estado actual en que se encuentra el acuífero principal, realizará los estudios complementarios que se requieran y elaborará un modelo de gestión del agua que soporte la toma de decisiones de la CONAGUA, con la finalidad de que esa gestión se efectúe de manera sostenible. El pasado mes se firmó dicho convenio que durará cinco años, tiempo necesario para establecer las bases que rijan el nuevo modelo para gestionar el agua de este acuífero.
3) La instalación de 200 medidores telemétricos en igual número de pozos seleccionados entre los inicialmente inspeccionados que se ubican en la zona de mayor abatimiento, con la finalidad de medir de manera confiable los bombeos que en ellos se realicen. A la fecha la CONAGUA ha comprometido una inversión millonaria para adquirir dichos equipos, instalarlos en esos pozos y monitorear los bombeos de agua del subsuelo.
4) La SEMARNAT promoverá la modificación de la Norma Mexicana (NMX) que establece la opción de medir las extracciones de agua del subsuelo de manera voluntaria por parte de los concesionarios de aguas del subsuelo, en una Norma Oficial Mexicana (NOM), que convertir esta medida en obligatoria. A la fecha, esta dependencia oficial ha iniciado dicho proceso de cambio normativo.
Con base a los resultados que se vayan obteniendo en la aplicación de estas medidas contenidas en el Acuerdo suscrito como parte de la ejecución de la Sentencia 543, se definirán las siguientes medidas de mediano y largo plazo que permitan su cumplimiento. Después de esta decena de meses de diálogo realizado en la mesa de trabajo instalada en octubre de 2024, el balance es positivo, observándose una voluntad política del gobierno federal inédita de enfrentar el problema socio-ambiental más grave de la región (la sobreexplotación del agua del subsuelo), la cual se espera continúe para llevar a cabo el ordenamiento en el manejo y uso del agua del subsuelo de este medio geológico, del que depende el abasto principal de agua para la economía y la población lagunera.
