Las soluciones inmediatas son tentadoras, especialmente cuando se presentan como promesas de "paz" bajo un discurso de mano dura, en sociedades cansadas de la violencia y la impunidad. El modelo Bukele, caracterizado por un régimen de excepción continuo, detenciones masivas y un enfoque penitenciario represivo, se ha promovido como una vía rápida hacia la seguridad, lo que genera una discusión necesaria.
Beatriz Magaloni y Alberto Díaz-Cayeros, investigadores de la Universidad de Stanford, han documentado con precisión cómo el modelo salvadoreño -celebrado por la drástica reducción de homicidios- se sostiene en la suspensión prolongada de derechos, el encarcelamiento de casi 2% de la población -incluido alrededor de 10% de las y los jóvenes- y un patrón sistemático de detenciones arbitrarias y condiciones carcelarias inhumanas. Bajo el régimen de excepción, más de 85,000 personas han sido detenidas y, según organizaciones de derechos humanos, al menos 20,000 de ellas serían inocentes. Lo que comenzó en 2022 como una medida temporal se ha extendido indefinidamente, mientras se desmantelan los contrapesos judiciales y legislativos. La aparente "paz milagrosa" descansa sobre un entramado de terror legal y penitenciario que erosiona el Estado de derecho y que, sin una transformación social y económica de fondo, sólo podrá sostenerse mediante una represión continua.
El fenómeno tiene ya entusiastas seguidores. Gobiernos como los de Honduras, Ecuador y Argentina coquetean con sus propias versiones del "milagro Bukele": regímenes de excepción permanentes, militares convertidos en policías y un relato que convierte la renuncia a las libertades en gesto patriótico. La pendiente es resbaladiza: lo excepcional se vuelve costumbre, la ilegalidad se disfraza de eficacia y la democracia se acomoda, dócil, en el margen de la rutina autoritaria. Encandilados por las cifras de delitos a la baja y el espectáculo del castigo, algunos gobiernos creen haber encontrado en El Salvador una receta exportable: una paz rápida, autoritaria y con público agradecido.
Cuando en marzo de 2025 Bukele propuso en X que México adoptara su estrategia "estado por estado" contra los cárteles, Sheinbaum respondió con firmeza, exigiendo respeto y recordando que México tiene su modelo de seguridad. Sin embargo, algunos gobiernos locales han sucumbido a la tentación. En Uruapan, Michoacán, el alcalde Carlos Manzo, apodado el "Bukele mexicano", promueve la cero tolerancia: ordena abatir a delincuentes armados o que resistan la detención, y ha invertido en camionetas blindadas, drones y cámaras de vigilancia. Su liderazgo autoritario le ha ganado respaldo del empresario, cansados de la extorsión del crimen organizado.
En Estados Unidos, Trump ha desplegado una política similar, aunque dirigida contra la población migrante. Al igual que Bukele, utiliza la comunicación como una herramienta estratégica para moldear percepciones, simplificar problemas complejos y proyectar control. Detrás de eso, se acumulan los excesos y la erosión de los límites legales: expansión de las facultades del ICE, deportaciones sin debido proceso, redadas indiscriminadas y detenciones arbitrarias. Como Bukele, ha hecho de la popularidad una forma de gobierno, sustentada en el miedo y la promesa de un orden absoluto, donde la apariencia de autoridad importa más que el respeto a la ley.
El riesgo de la bukelización no consiste sólo en replicar una estrategia de seguridad, sino en adoptar un estilo de gobierno que roza la dictadura, que ve la ley como un obstáculo, considera prescindible al poder judicial, percibe a la prensa y a las ONG como enemigos, y acalla toda disidencia. En contextos de hartazgo social, este enfoque puede resultar políticamente rentable.
¿Hasta qué punto la frustración social legitima medidas que erosionan derechos y libertades? El verdadero desafío para México y la región no es imitar fórmulas autoritarias, sino demostrar que la eficacia puede alcanzarse dentro de la legalidad. La paz genuina no se decreta: se construye con justicia, instituciones fuertes y un Estado capaz de respetar y hacer cumplir sus propias leyes, sin excluir a ningún sector de la población.