Acusan existencia de 'escuadrones de la muerte' con García Luna
Este viernes, la violencia por las autoridades federales, que tenían “permiso para matar” en sexenios anteriores fue abordado de nuevo, con el detalle ahora de la mención de los llamados “escuadrones de la muerte” que operaron bajo el mando del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico.
Creados durante el sexenio del expresidente panista Felipe Calderón y que siguieron operando en el primer año del priista Enrique Peña Nieto, estaban encargados amedrentamientos, secuestros y asesinato de personas tanto de presuntos delincuentes como empresarios, luchadores sociales y periodistas.
En 2013, un estudio realizado por el hoy morenista Ricardo Monreal planteó que en México había más de 200 mil personas involucradas con escuadrones de la muerte, fuera al servicio del crimen organizado, intereses privados o agentes estatales.
Estos grupos se dividían en cuatro categorías según su financiamiento y apoyo.
1. Grupos oficiales: Grupos financiados por actores estatales, son grupos paramilitares y unidades clandestinas de las Fuerzas Armadas dedicadas a exterminar criminales.
2. Grupos privados: Compuestos por mercenarios, a menudo de Israel o Estados Unidos, contratados por empresas para la seguridad personal.
3. Grupos paralelos: Compuestos por miembros de organizaciones criminales
4. Grupos insurgentes: Grupos rebeldes, que se incluía el creciente número de organizaciones de autodefensa en México.
En ese momento se estimó que seis de cada 10 miembros eran expolicías o militares, con una presencia creciente de mujeres y menores.
La organización InSight Crime, especializada en estudiar el crimen, planteó como alarmante el número de grupos armados, especialmente la explosión en la demanda de seguridad privada en los últimos años, el que se cuestionara la existencia de los “escuadrones de la muerte”, aunque considerando demasiado amplia la definición al incluir a grupos insurgentes, siendo la cuestión principal la pérdida del Estado sobre su monopolio en el uso legítimo de la fuerza.
La semana pasada, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) expresó su consternación y condena a la violencia en Uruapan, en particular porque el asesino del alcalde Carlos Manzo era un menor de edad de 17 años y alertó que hasta 250 mil niños y adolescentes en México están en riesgo de ser reclutados o utilizados por el crimen.
“Se trata de víctimas de la desigualdad, la violencia, la discriminación y falta de oportunidades; de un sistema que no valora la vida humana y les pone en riesgo de ser cooptados ante la ausencia de un Estado que garantice plenamente sus derechos”.
