Cada fin de año hacemos una breve reflexión sobre la agenda ambiental pendiente en la Comarca Lagunera, recapitulando los hechos ocurridos en el transcurso de 2025 y señalando los pendientes más importantes para el o los siguientes años. Centremos nuestro ejercicio en temas como el agua, aire atmosférico y biodiversidad.
El agua es y seguirá siendo el tema crucial de la agenda ambiental lagunera. Sin embargo, hoy tenemos que destacar avances importantes, iniciando con la sobreexplotación y contaminación del acuífero principal, el pasivo ambiental mas grave que enfrentamos localmente, algo que requerirá muchos años para recuperar esta fuente de agua que no solo hoy nos la provee, sino que es la reserva de agua futura de la que dependerá la economía y las siguientes generaciones de laguneros.
El reto inicial es recuperar los volúmenes de agua que se están extrayendo ilegalmente por concesionarios irresponsables que han abusado por décadas de la falta de regulación institucional. En este momento convergen dos factores que permitirán avanzar con ese fin: por un lado, el proceso judicial de ejecución de la Sentencia 543/2022 que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo 2023, donde después de 18 meses de escamotear su cumplimiento por parte de la SEMARNAT y la CONAGUA, a través de este última se están tomando medidas como la inspección en campo de los pozos y la revisión de las concesiones, donde se han detectado irregularidades que han obligado a aplicar actos de autoridad como la cancelación parcial o temporal de 250 pozos, la firma de un convenio con la UNAM para actualizar el estado del acuífero principal e implementar un modelo de gestión sostenible basado en el conocimiento científico y técnico, la decisión de empezar a instalar 200 medidores telemétricos para conocer de manera confiable los bombeos y de una red piezométrica que mida los niveles del agua en el subsuelo.
Estas medidas no solo son enunciativas, la CONAGUA ya comprometió una inversión de cerca de 300 mdp que se aplicarán el próximo año en cumplimiento de la Sentencia 543/2022. Por otro lado, este proceso judicial converge con la política pública del actual gobierno federal de revisar el estado de las concesiones de agua subterránea, cuyo éxito se reflejará en recuperar más de 400 hm3 que según datos oficiales se bombean ilegalmente; esta convergencia permitirá avanzar más sólidamente en contener el huachicoleo hídrico en el agua del subsuelo, respetando los derechos de los concesionarios que operan legalmente.
A la par, dentro de la política pública federal se inició un programa de tecnificación de la infraestructura hidroagrícola con la finalidad de aumentar la eficiencia en el manejo y uso del agua superficial en el Distrito de Riego 017, hasta ahora reconocida solo en un 40%, con la finalidad de recuperar 185 hm3 que se destinarán al programa Agua Saludable. Esto implica mejorar el estado de la red hidráulica, controlar el huachicoleo en los puntos de control de esta e instalar sistemas de riego tecnificados en los predios, cuya eficacia podría verse en recuperar mayores volúmenes que podrían destinarse a recuperar el Río Urbano.
En lo que respecta al agua urbana, es posible que el próximo año continúen los problemas de desabasto en algunas colonias y comunidades rurales hasta que opere completo la potabilizadora que mitigará en el mediano plazo esta problemática, en tanto se avanza en la recuperación del acuífero principal. El reto aquí corresponde centralmente a los gobiernos locales, ya que no solo consiste en crear la nueva infraestructura hídrica urbana contemplada con inversión federal, sino también en mejorar la existente para evitar fugas, aunque queda pendiente hacer lo mismo con la red de drenaje y el saneamiento para disponer de volúmenes adicionales provenientes de aguas residuales tratadas.
En lo que respecta al agua ambiental, es necesario intervenir en el Río Vivo, el último tramo del río Nazas no canalizado, el cual sufre fuerte presión humana que ha deteriorado el ecosistema ribereño. Urge aplicar medidas de contención a esa presión para conservarlo, sobre todo en el Cañón de Fernández, nuestro humedal de importancia internacional sujeto a amenazas constantes por los cambios de uso de suelo de los concesionarios de la franja federal y dueños de predios aledaños, así como por el turismo desordenado que aún prevalece; también debe valorarse restaurar el resto del corredor ribereño, que también se está deteriorando.
Quizás sean pocos los avances observados para enfrentar la crisis hídrica regional, pero es la primera vez que podemos afirmar que las acciones que se han empezado a implementar van orientadas más allá que las tradicionales medidas de mitigación aplicadas por los diferentes niveles de gobierno. Esperemos que este proceso continúe, por el bien de nuestra región y de quienes vivimos en ella.