AIC catea centro de rehabilitación en Frontera
La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) realizó un cateo en el centro de rehabilitación “Clínica DAFEL”, en lo que parece una represalia por una denuncia presentada contra un escolta del segundo comandante regional de la Policía Investigadora.
El cateo se realizó el viernes pasado 17 de octubre a las 19:30 horas, en la institución de desintoxicación ubicada en Avenida Progreso 420, Zona Centro de Frontera, mediante orden emitida por un juez de control y promovida por la FGE, ejecutada con apoyo de varias corporaciones policiales y encabezado por dos agentes del Ministerio Público.
La acción obedeció a una orden de aprehensión contra uno de los pacientes de la clínica en virtud de la causa penal 488/2022, iniciada por el delito de posesión simple de narcóticos, sancionable con una simple multa de 10 a 80 UMAS o prisión de 10 meses a tres años en la penitenciaría.
De acuerdo con el artículo 477 de la Ley General de Salud, el mencionado delito no es de prisión preventiva oficiosa según el artículo 19 de la Constitución, y se soluciona con el pago de una multa de 10 a 80 UMAS (entre mil 131 pesos con 40 centavos y nueve mil 51 pesos con 20 centavos), conforme al artículo 151 del Código Penal del Estado.
Durante el ingreso a la clínica de rehabilitación DAFEL, los empleados gubernamentales fueron recibidos por la dirección del centro y se constató que no se encontraron narcóticos, armas blancas ni de fuego; al contrario, se comprobó que cumple con permisos sanitarios, de Protección Civil y municipales y estatales.
La persona buscada se entregó de forma voluntaria sin presentar oposición alguna; directivos del centro argumentaron que de haber sido notificados con antelación hubieran facilitado la entrega inmediata y evitado el despliegue, pero desconocían la situación del interno y no hubo comunicación de la FGE con el instituto de salud.
El operativo se realizó con abundantes recursos materiales y humanos de la Fiscalía y diversas corporaciones contra un adicto por posesión simple, un delito menor que no amerita prisión preventiva necesaria, mientras la seguridad estatal se encuentra comprometida por enfrentamientos recientes en el municipio de Hidalgo, en la Región Norte de Coahuila.
Arrastra la AIC antecedentes negativos
En las últimas semanas la imagen de la Fiscalía y de la AIC Región Centro ha sido afectada, tras la resolución de la causa penal 999/2025 en la cual el juez dictó auto de no vinculación a proceso por homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa contra una mujer identificada como Martha “N”.
La presunta víctima es escolta de Samuel Montes Alvarado, segundo comandante de la corporación y manifestó haber sido lesionado por un golpe en la cabeza con una botella, quedando incapacitado, según la causa penal en cuestión; días después la acusada presentó denuncia por abuso violento de autoridad contra el agente de la AIC y se le dio paso al expediente.
El 16 de octubre durante la audiencia de control de garantías en un caso distinto, la madre de una menor víctima indirecta de homicidio culposo en la causa penal número 689/2025 declaró que la investigación no avanzaba por falta de recursos del Ministerio Público y del dictamen médico.
Ante ello el juez ordenó abrir investigación contra los funcionarios de la FGE por el delito de extorsión y lo que resulte, en donde aparece como asesora jurídica de la parte denunciante una de las directivas de la clínica DAFEL, a la que sorpresivamente se le ejecutó días después el cateo.
El centro de rehabilitación otorgó todas las facilidades a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal.
Esta semana también se presentó personal investigador de la Fiscalía de Responsabilidades, de Saltillo, para revisar actuaciones del Ministerio Público regional Néstor “N” en la causa penal 03/2024; el funcionario está sujeto a queja administrativa sancionadora presentada por abogados que actúan en esos asuntos.
