Ha trascendido en círculos políticos y legales de México y Estados Unidos que la razón de fondo de los constantes viajes del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al vecino país -el más reciente a Washington el jueves y el viernes pasados- es que tramita un asilo político.
"Alito" -según lo trascendido- ya habría recurrido al bufete "Law Office" del abogado estadounidense Isaías D. Torres, un reconocido especialista en derecho de inmigración y varios casos de asilo ganados allá en Estados Unidos.
El dirigente priista llegó a Washington el jueves pasado y, con una fotografía tomada en los pasillos del Capitolio, documentó en sus redes sociales un encuentro con la congresista republicana María Salazar.
Según lo declarado por Moreno Cárdenas, fue a la capital estadounidense a denunciar la instauración en el país de "una dictadura narcoterrorista y comunista", señalamiento que hizo cuando en la Ciudad de México, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, destacaba el nivel de cooperación histórico alcanzado entre los dos países y reconocía los resultados logrados por el gobierno mexicano en el combate al crimen organizado transnacional.
Es claro que la corrupción prohijada por la delincuencia ya penetró estructuras de poder a muy alto nivel, pero eso no quiere decir que el país esté en manos de traficantes de droga, que sea un "narcoestado" que persigue a sus opositores como fantasiosamente sostiene el tramposo dirigente del tricolor.
Él se ha planteado el tema del asilo no porque sea un perseguido político, sino porque teme perder el fuero constitucional que le otorga el ser senador y ser procesado por las acusaciones de corrupción y lavado de dinero que le fincó la Fiscalía anticorrupción de Campeche el pasado 23 de julio, fecha en que habría trasladado a su familia a Miami.
Un requisito mínimo para que avance su solicitud de asilo -según le han aconsejado sus asesores legales- es obtener de la secretaría de Gobernación la incorporación al Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, recurso que ya solicitó, aunque no sea perseguido, ni periodista ni defensor de los derechos humanos.
Instantánea:
La Marina y el Huachicol. Un familiar político del almirante Rafael Ojeda, quien fuera secretario de Marina durante el gobierno de AMLO, está entre los ocho funcionarios públicos y directores de empresas detenidos en operativos coordinados que se llevaron a cabo entre el martes y el jueves pasado por estar relacionados con el huachicol fiscal y, específicamente, con el decomiso en Tampico el pasado mes de marzo, de diez millones de litros de hidrocarburos que traía desde Texas el megabuque Challenge Proycon. Se trata del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hijo de la cuñada del exalmirante secretario Ojeda. Hasta enero pasado se desempeñaba como comandante de la décimo segunda zona naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco. En el sexenio pasado fue secretario particular del entonces subsecretario de Marina, almirante José Luis Arellano Ruiz. La Marina encabezó las detenciones con el apoyo de la FGR y la Secretaría de Seguridad. Cinco corresponden a hombres y tres a mujeres. Los hombres fueron trasladados al penal federal del Altiplano, en el Edomex, y las mujeres al de Hermosillo, Sonora. Para informar más detalles de los operativos, el Gabinete de Seguridad convocó a una conferencia de prensa hoy a las once de la mañana.
rrodriguezangular@hotmail.com
@RaulRodriguezC
raulrodriguezcortes.com.mx
