Un torrente de enturbiamiento programado se vivió ayer, sobre todo en redes sociales, a propósito de la siembra de un hecho de apariencia cierta (que juzgados de tres ciudades del país dictaron suspensiones provisionales a determinadas personas), que, sin embargo, fue maquinado con evidente irregularidad (no había firma ni física ni electrónica de los supuestos abogados solicitantes) y un evidente ánimo de dar material propagandístico explosivo a adversarios de la 4T.
La especie fue producida mediante la suplantación de identidad de cuando menos una de las presuntas partes promoventes de un "amparo", según puntualizó Francisco Javier Rodríguez Smith Mac Donald, abogado zacatecano que de manera rotunda negó haber gestionado tales suspensiones provisionales, e incluso mencionó que suplantación similar se hizo años atrás al mencionársele como promotor de un amparo para el narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Los ingredientes del montaje legaloide estaban a la vista: los amparos fueron conseguidos en Zacatecas, Chiapas y Tabasco, significativas plazas de poder guinda en graves complicaciones a causa del crimen organizado. Además del involucramiento tramposo de hijos del expresidente López Obrador, se agregó a la lista de solicitantes a personas involucradas en diversos grados, incluso solo mediáticos, en temas de contrabando de combustible (el llamado huachicol fiscal).
La coartada eficaz para conseguir la suspensión provisional, pronta y sin entrar en verificaciones, consistió en argumentar que los solicitantes de amparo lo hacían ante el riesgo de "detención, incomunicación, no localización, privación de la vida o posible desaparición forzada y orden de aprehensión". En esos casos, los jueces proceden a dictar de inmediato las medidas de protección, ante el riesgo de sucesos irreversibles. Aún así, advirtieron: "no se soslaya que dicho escrito de demanda no presenta firma alguna (ni autógrafa ni electrónica), por parte de quien la suscribe". Pero, en razón de la "naturaleza" de los hechos reclamados, se otorgó la suspensión solicitada.
Ninguno de esos indicativos de la probable falsedad de las solicitudes frenó la cascada de críticas y denuestos en redes sociales, no solo de usuarios en general sino de comentaristas y periodistas de medios convencionales, principalmente contra Andrés Manuel López Beltrán y, en segundo lugar, su hermano Gonzalo. El secretario de Organización de Morena emitió, varias horas después del inicio del adelanto dado por Claudio Ochoa, del equipo de Latinus, un comunicado en el que niega que él o su hermano hubiesen solicitado tales amparos.
La desbordada difusión de las interpretaciones de tales "amparos" y la evidente búsqueda de consolidar la percepción de actividades delictivas de los López Beltrán sucedió un día antes de la llegada del subsecretario estadunidense para asuntos de terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro, John Hurley, quien hoy tendrá reuniones con servidores públicos mexicanos sobre lavado de dinero, narcotráfico y cárteles (recuérdese el golpe dado a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa).
Diríase que plumas, voces y teclas propicias al intervencionismo gringo y contrarias a la 4T se dispararon ayer en redes sociales a partir de maquinaciones perceptibles, de construcciones tramposas y mal hechas, para calentar la plaza.
Para cerrar: la antes mencionada lista de presuntos amparados, de haber sido cierta, habría sido una especie de tonta confesión grupal delictiva. Pero la intención era fortalecer la percepción de que los hijos del primer presidente morenista estarían implicados en delitos relacionados con el diésel. Según esa fabricación, tan temerosos estarían de ser detenidos que habrían sucumbido a la necesidad de ampararse.
Y, mientras de Paraguay ha llegado el momento de probar si se va en serio y hasta donde tope en el tema de La Barredora y el senador López Hernández, ¡hasta mañana!
