Avanza el Parlamento Abierto para construir consensos sobre el agua
La comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados acordó realizar foros regionales de Parlamento Abierto, con el objetivo de discutir y enriquecer las iniciativas legislativas que buscan transformar el marco legal del agua en México.
La decisión de abrir el debate a la ciudadanía ha sido celebrada por organizaciones sociales, académicas y comunitarias. Elizabeth Estrada Macías, vocera de la Contraloría Autónoma del Agua en La Laguna, manifestó que las 82 organizaciones que integran la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida, junto con 34 contralorías autónomas locales y la Red Nacional de Sistemas Comunitarios del Agua, reconocieron la sensibilidad social de la comisión por impulsar estos espacios participativos. “Necesitamos una ley que enfrente la crisis hídrica que vivimos en todo el país, y eso sólo se logra escuchando a quienes viven sus consecuencias todos los días”, afirmó.
Actualmente, existen cuatro iniciativas de Ley General de Aguas en discusión. La primera fue presentada por la diputada Xóchitl Zagal (Morena) en noviembre de 2024. La segunda, por el diputado Hugo de la Rosa (Morena) en septiembre de 2025. La tercera corresponde a la iniciativa ciudadana actualizada, respaldada por 13 diputados de Morena y PT, encabezados por Reginaldo Sandoval, José Narro y Dolores Padierna. Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su propio paquete de reformas el pasado 2 de octubre.
Las tres primeras comparten una visión transformadora de abrogar la actual Ley de Aguas Nacionales, prohibir la privatización del agua, reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios hídricos y establecer mecanismos de contraloría ciudadana. Además, proponen reemplazar los actuales espacios de colaboración entre gobierno y grandes usuarios por órganos de representación amplia y regionalmente consensuada.
Aunque el paquete de la presidenta incluye reformas como la neutralidad de género en el lenguaje legal y la actualización de términos geográficos, también ha generado inquietudes. La Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, por medio del diputado Gabriel García, presentó una propuesta detallada para corregir elementos que podrían perpetuar prácticas discrecionales y favorecer intereses privados. Entre los puntos más críticos se encuentra la figura de las “reasignaciones” de concesiones, consideradas un derecho del concesionario, sin criterios claros ni garantías de reducción del déficit hídrico en las cuencas afectadas. Además, se mantiene la posibilidad de concesionar infraestructura hidráulica federal, lo que ha derivado en obras costosas y poco efectivas.
Las organizaciones sociales han delineado cinco cambios esenciales que consideran indispensables para evitar un colapso hídrico: derogar el capítulo de inversión privada en infraestructura hidráulica federal; eliminar los Consejos de Cuenca y el Consejo Consultivo del Agua, proponiendo en su lugar Consejos Regionales de composición mixta; reemplazar los mercados del agua por planeación consensuada con participación comunitaria; corregir el sobreconcesionamiento mediante la vinculación del Padrón Único de Usuarios con el Registro Público de Derechos al Agua; y obligar a la Conagua a defender el interés público sobre el particular, eliminando la discrecionalidad en su lenguaje legal y fortaleciendo la rendición de cuentas.
En apoyo a la decisión de la Comisión, investigadores de 18 estados están gestionando espacios en universidades públicas para la realización de los foros regionales. Estos encuentros prometen ser un punto de convergencia entre saberes técnicos, experiencias comunitarias y propuestas legislativas.
“El agua no es mercancía, es vida. Y su defensa debe ser colectiva”, señaló Elizabeth Estrada.
