Cárcel a quien provoque incendios en zona urbana y forestal, aprueba Congreso de Coahuila
El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal de Coahuila con el fin de tipificar como delito los incendios en zonas urbanas, imponiendo sanciones de dos a seis años de prisión para quien de manera dolosa, provoque fuego en inmuebles, lotes baldíos o áreas verdes.
Asimismo, se incrementan las sanciones a quien ocasione un incendio forestal, estableciendo de tres hasta siete años de prisión a quien cometa este delito de graves consecuencias a los ecosistemas.
Lo anterior, fue presentado en sesión este martes en Congreso del Estado, por la diputada Luz Elena Morales Núñez y el diputado Álvaro Moreira Valdés de manera conjunta con las diputadas y diputados del PRI, PAN, PRD, UDC y PVEM.
En la exposición de motivos, se reveló que la realidad que atraviesa Coahuila frente al incremento de incendios, tanto en áreas rurales como urbanas, exige una respuesta legislativa urgente y efectiva. Actualmente el marco jurídico penal estatal contemple únicamente los incendios en espacios forestales, excluyendo de su tipificación penal a aquellos que suceden en zonas urbanas.
En este contexto, al aprobarse la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Coahuila, se tipifican los incendios en zonas urbanas como un delito autónomo y aumentan las sanciones aplicables al delito de incendio forestal; además, se establece la persecución de oficio en ambos tipos penales.
Se resaltó que, el hecho de que más del 75% de los incendios registrados en lo que va del año se hayan originado en zonas urbanas, muchos de ellos en terrenos baldíos, arroyos o zonas limítrofes con vías públicas, demuestra el carácter sistemático de estas conductas y su profundo impacto social.
En resumen, esta iniciativa representa una herramienta necesaria para avanzar hacia un modelo de seguridad y justicia ambiental más justo, inclusivo y eficaz.
“Fortalecer la respuesta penal frente a los incendios urbanos y forestales es una decisión que coloca en el centro los derechos de las personas, la sostenibilidad del entorno y la corresponsabilidad del Estado en la construcción de un futuro más seguro y equitativo para todas y todos”, precisa el dictamen de la reforma aprobada.
