El asesinato de Carlos Manzo no fue un hecho fortuito ni una tragedia aislada. Fue la consecuencia previsible de la descomposición que consume a Michoacán, de la fragilidad de los municipios y del abandono federal hacia quienes, como él, intentan gobernar con dignidad. No es solo Uruapan, es el abandono a los municipios, convertidos en la primera línea del crimen y la última prioridad del gobierno. Dicen que su estrategia se basa en la coordinación; pero, ¿coordinación con quién, si dejaron solos a los que sostienen el país desde abajo?
Manzo sabía que su vida corría peligro. Ser alcalde en una zona dominada por el crimen equivale a vivir en el filo de la navaja. Denunció una y otra vez que Uruapan estaba siendo asolado por el crimen organizado, que sus ciudadanos vivían entre el miedo, las extorsiones, el cobro de piso y las disputas por el control de la producción de aguacate, mientras el Estado había desaparecido. No pedía privilegios, pedía apoyo. Lo único que recibió fue silencio.
En lugar de respaldo, obtuvo promesas vacías. La presidenta y su gabinete insisten en que "contaba con protección federal" de catorce elementos de la Guardia Nacional. Pero la verdad es que esa cifra, dicha así, engaña. Eran catorce agentes divididos en dos o tres turnos, sin capacitación en custodia de funcionarios y solo con funciones perimetrales. No había protocolos de reacción ni coordinación real con autoridades locales. Una protección simbólica, burocrática y obvio, inútil.
Manzo fue asesinado frente a su gente, en la plaza principal, durante una celebración del Día de Muertos. Lo mataron a la vista de todos, con Guardia Nacional incluida. El crimen organizado lo ejecutó, pero el Estado lo dejó solo. Y esa es la constante: un país donde quienes denuncian al poder criminal terminan convertidos en advertencia para los demás.
En esta tragedia, la presidenta volvió a culpar a los de siempre: "la derecha" y "los comentaristas". Como si el problema fueran las críticas y no la impunidad; como si señalar el abandono fuera una conspiración. Esa lógica perversa, que reduce toda tragedia a un ataque político, solo confirma lo que ya sabemos, este gobierno no protege a nadie, solo a sí mismo.
Uruapan no necesita discursos ni deslindes; necesita Estado. Necesita fortalecer sus capacidades institucionales con recursos federales, policías capacitados, presencia real -no simbólica- de agentes federales, inteligencia y coordinación. Necesita que su alcalde no sea un blanco fácil y que su muerte no quede impune.
A la familia de Carlos Manzo, toda la solidaridad y el respeto. Su pérdida no solo es personal, es nacional. Representa el vacío de autoridad que padecen cientos de municipios donde la ley ya no tiene territorio.
Carlos Manzo fue asesinado por el crimen organizado, pero también por la indiferencia de un gobierno que prometió transformar al país y terminó administrando la violencia. Si no se asume esa responsabilidad, no habrá paz posible.