Coahuila y Durango vivieron en 2024 un año marcado por la persistencia de violaciones a derechos humanos, un aumento en la demanda de acompañamiento institucional y una presión creciente sobre los organismos estatales encargados de atender a la población. Los datos del Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2025, publicados por el INEGI, permiten observar con claridad la magnitud del reto en ambas entidades.
Coahuila registró 1,549 solicitudes de queja, de las cuales 1,437 fueron aceptadas para abrir expediente. Durango recibió 905 solicitudes y todas fueron admitidas. Aunque las cifras son distintas en volumen, ambas entidades muestran un patrón común, la ciudadanía continúa recurriendo a los organismos públicos de derechos humanos como una de las pocas vías para denunciar abusos de autoridad, omisiones institucionales o tratos indebidos.
En total, Coahuila acumuló 3,667 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos y Durango, 2,924. En ambos estados, la mayoría de los casos fueron atendidos por los organismos locales, mientras que una parte menor correspondió a expedientes abiertos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La distribución revela que los problemas más urgentes se originan en el ámbito estatal y municipal, donde la interacción cotidiana entre autoridades y población suele ser más directa.
El perfil de las personas afectadas también ofrece pistas sobre la naturaleza de estas violaciones. En Coahuila se registraron 2,337 personas quejosas o agraviadas, casi todas personas físicas, aunque también hubo casos de colectivos. En Durango se contabilizaron 1,413 personas, igualmente con predominio de individuos. La presencia de colectivos en Coahuila sugiere que ciertos conflictos afectan a grupos completos, como comunidades, familias o sectores laborales.
El trabajo institucional para atender estas quejas fue considerable. Coahuila abrió 3,342 expedientes, de los cuales 2,238 fueron calificados y 1,533 concluidos, mientras que 1,565 quedaron pendientes de resolución. Durango atendió 1,215 expedientes, todos calificados, con 933 concluidos y 282 aún en proceso. La diferencia en los tiempos y volúmenes refleja tanto la carga de trabajo como la capacidad operativa de cada organismo.
El acompañamiento en campo también fue una herramienta clave. Coahuila realizó 108 servicios de acompañamiento y trabajo de campo, mientras que Durango no registró este tipo de acciones. En Coahuila, estas intervenciones incluyeron visitas a centros penitenciarios, gestiones con autoridades y canalizaciones a otros organismos. La ausencia de estas actividades en Durango podría indicar limitaciones operativas o diferencias en la forma de atender los casos.
En cuanto a medidas de protección, Coahuila solicitó 67 medidas cautelares, promovió 162 conciliaciones y emitió 40 recomendaciones. Durango, por su parte, solicitó 23 medidas cautelares y emitió 10 recomendaciones, sin registrar conciliaciones. Estas cifras muestran que Coahuila tuvo una intervención más activa en la resolución de conflictos y en la emisión de recomendaciones dirigidas a autoridades responsables.
Aunque ambos estados cuentan con organismos que atienden y documentan violaciones a derechos humanos, la demanda supera con frecuencia la capacidad de respuesta.
Coahuila y Durango enfrentan más de 6 mil posibles violaciones a derechos humanos
