Conagua alerta: no hay gestores ni intermediarios para regularizar concesiones de agua
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanzó una alerta respecto a que todos los trámites relacionados con concesiones o permisos de uso de aguas nacionales deben realizarse directamente ante la institución, sin intermediarios ni gestores externos.
El llamado se dirige especialmente a los pequeños productores con pozos o títulos de concesión para riego, quienes han sido blanco de engaños y extorsiones por parte de personas o empresas que se ostentan falsamente como representantes de Conagua.
El Gobierno de México advierte que ningún trámite ante Conagua requiere de gestores externos. Todos los procesos pueden realizarse de forma directa en las oficinas de los organismos de cuenca, direcciones locales o a través de la página oficial de internet, donde se ofrece asesoría personalizada y gratuita.
Esta medida busca frenar el crecimiento de redes informales que lucran con la necesidad de regularizar títulos de concesión, afectando principalmente a comunidades rurales y productores del campo que, en muchos casos, desconocen los canales oficiales.
Como parte del Decreto de Facilidades Administrativas publicado en el Diario Oficial de la Federación, se otorgó un plazo de seis meses para que los usuarios actualicen o regularicen sus títulos de concesión. Para facilitar este proceso, Conagua y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural han instalado más de 100 módulos en distintas regiones del país.
Estos espacios están diseñados para atender de forma rápida y sencilla a las y los pequeños productores, evitando trámites burocráticos y garantizando que el proceso se realice sin costos adicionales ni intermediarios.
Además, Conagua avanza en la simplificación de otros trámites relacionados con el uso del agua, ofreciendo asesoría directa en los Centros Integrales de Servicios, como parte de su compromiso con el desarrollo del campo y otros sectores productivos.
La institución reitera el llamado a no dejarse sorprender por supuestos gestores y a denunciar cualquier intento de extorsión.
Este esfuerzo forma parte de una política más amplia de combate a la corrupción y de impulso a la justicia administrativa, especialmente en sectores vulnerables como el agrícola, donde el acceso al agua es vital para la subsistencia y el desarrollo económico.
