Contraloría revisa manejo de recursos de empresa del prepago urbano
La Contraloría Municipal ya está dando seguimiento a la revisión o auditoría que inició la pasada administración municipal a la empresa Servicios Tecnológicos de Prepago, que es la encargada de expedir las tarjetas prepagadas a usuarios del transporte público en esta ciudad.
El contralor, Óscar Gerardo Luján Fernández dio a conocer que se solicitó la información a la fiduciaria sobre los estados financieros, luego de que una de las quejas de los concesionarios del transporte público que generaron dicha revisión, fue el incumplimiento en la dispersión de los recursos que les corresponden por la prestación del servicio de las tarjetas en sus unidades de las rutas establecidas.
Previamente, se notificó del cambio de comisario del fideicomiso, Rogelio Vizuett, lo que permitirá dar continuidad a la revisión para llevarla a buen término y tomar decisiones al respecto.
Luján Fernández señaló que con el informe financiero se podrán conocer los movimientos efectuados por la empresa del prepago, para determinar el destino de los recursos que reclaman los concesionarios de las rutas urbanas de autobuses.
Cabe recordar que desde mediados de 2024 se dio a conocer una revisión externa a dicha empresa, donde también están representadas las autoridades municipales y los prestadores del servicio, luego de que algunos concesionarios señalaron supuestos malos manejos e incumplimientos en la dispersión de los recursos.
Se atienden observaciones
Por otra parte, el titular de la Contraloría Municipal informó que se da atención a las observaciones que aún se encuentran pendientes de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y Auditoría Superior de la Federación (ASF), relacionadas con aspectos administrativos que son subsanables.
Óscar Gerardo Luján dijo al respecto que en algunos casos dichas observaciones se hicieron sobre procedimientos en adquisiciones con base en la ley estatal que regula estos procesos, aunque destacó que no son señalamientos graves.
Refirió que se evaluará la posibilidad de establecer sanciones a los servidores públicos que pudiesen haber incurrido en faltas u omisiones que generaron dichas observaciones, en caso de que así se compruebe.
