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Coparmex denuncia irregularidades y baja participación en elección judicial

La Coparmex detectó múltiples anomalías en la elección judicial del pasado domingo, como retrasos, compra de votos y baja participación

A través de la observación electoral que desplegó la Coparmex, se observaron múltiples irregularidades en elección judicial. (EL SIGLO DE TORREÓN)

A través de la observación electoral que desplegó la Coparmex, se observaron múltiples irregularidades en elección judicial. (EL SIGLO DE TORREÓN)

MARÍA ELENA HOLGUÍN

Múltiples irregularidades se constataron durante la elección judicial por parte de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), que asumió un papel de observadora electoral durante la jornada del pasado domingo. Dichas anomalías comprometen seriamente la legitimidad del proceso y ponen en evidencia su fragilidad.

A lo largo de la jornada, se generaron más de mil reportes y se documentó una baja participación ciudadana en todo el país; retraso en la instalación de casillas, violencia en algunas casillas y hasta compra de votos en algunos municipios. En diversas casillas se reportó el uso de “acordeones” y mecanismos para inducir el voto, lo que confirma la falta de garantías para un ejercicio auténticamente libre y razonado.

El organismo dio a conocer que la designación por voto directo de jueces, magistrados y ministros es un proceso que no atiende las verdaderas necesidades del sistema de justicia ni garantiza el fortalecimiento institucional que México requiere.

Destacó que esta elección no puede convertirse en el nuevo modelo para futuros procesos electorales, ni debe sentar precedentes para justificar recortes presupuestales ni reducir el número de casillas que sólo debilitaron la logística electoral.

Las condiciones que se observaron durante la jornada electoral atentan contra la verdadera democracia, los derechos de los ciudadanos e incluso contra la independencia de los órganos electorales que hemos construido desde la sociedad y que deben seguir sirviendo a la ciudadanía.

Desde que se anunció la reforma en febrero de 2024, y su aprobación en septiembre del mismo año, se argumentó que esta iniciativa respondía a una demanda ciudadana, que el pueblo quería elegir a sus jueces, y que la elección sería una muestra de legitimidad popular.

Sin embargo, la baja asistencia y el desinterés generalizado confirman una verdad incómoda: que esta elección no nació de una exigencia social, sino que proviene de una imposición política mal ejecutada, pero con serias repercusiones en nuestras instituciones y que permea en la inversión y confianza como país.

La Confederación informó también que en los próximos días seguirá documentando los hallazgos y se dará seguimiento puntual al cómputo distrital, a fin de identificar y denunciar cualquier anomalía adicional que pudiera surgir.

Esto es porque las irregularidades detectadas vulneran los principios democráticos y evidencian los riesgos de una reforma impulsada sin un diagnóstico técnico adecuado, sin consenso plural y sin mecanismos efectivos de evaluación de perfiles.

Lo que debía ser una transformación hacia un Poder Judicial más fuerte y confiable, se convirtió en un proceso que prioriza el control político por encima de la autonomía, la profesionalización y la meritocracia.

Esta elección no representa el camino correcto para lograr justicia en México, pues un sistema que nombra juzgadores sin transparencia, sin evaluación de capacidades y sin condiciones mínimas de información para la ciudadanía, está condenado a la ineficacia, al fracaso.

El organismo señaló también que la justicia no puede ser reducida a un ejercicio de popularidad y menos cuando hay una baja participación de los ciudadanos, y que la verdadera legitimidad se construye con preparación, imparcialidad y ética.

Trasnacionales desconfían de justicia local

Como parte de su posicionamiento, la Coparmex informó que lo que está en juego no es una elección, sino el modelo democrático que México ha construido por décadas, e indicó que ya se están teniendo consecuencias negativas.

Lo anterior, porque cada vez más empresas transnacionales están optando por recurrir a tribunales internacionales para resolver sus controversias, abandonando la jurisdicción mexicana ante la falta de confianza en la justicia local.

Y el impacto más severo lo enfrentarán las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que quedarían completamente desprotegidas frente a un sistema judicial politizado o ineficiente.

La Coparmex trabajará en una propuesta de reforma judicial, construida con base en criterios técnicos, buenas prácticas internacionales y la participación de expertos, organizaciones sociales y actores del sector productivo.

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