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Un tribunal federal desechó el amparo con el que el empresario René Dávila de la Vega y su hijo René Dávila Díaz pretendían anular 15 pruebas, entre ellas una que es clave para acreditar que presuntamente captaron ilegalmente 800 millones de pesos de Segalmex.
Se trata de la opinión de delito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un documento en el que se concluye que sí hay elementos para proceder contra los empresarios por el ilícito de captación indirecta de recursos del público en territorio nacional.
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México negó el amparo a los Dávila y, por consecuencia, avaló mantener 7 testimonios, 7 documentales y un peritaje ofrecidos por la FGR y la SHCP, y que los acusados buscaban que fueran eliminados.
Mónica Claudia Paredes Calderón, Magistrada del tribunal, resolvió que llevar a juicio esas pruebas no ocasionan una afectación a los derechos fundamentales de los acusados, es decir a sus derechos a la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, entre otros.
Como los amparos son para reclamar violaciones a esas garantías, resolvió desechar o sobreseer el recurso de los Dávila, aunque acotó que podrán tramitar un amparo contra esas pruebas sólo en caso de que sean hallados culpables en el juicio y les sea impuesta una sentencia condenatoria.
Los Dávila son accionistas de Corporación en Asesoría Financiera (Corafi), empresa con la que presuntamente captaron en forma ilegal 800 millones de pesos de Segalmex, según la FGR.
De febrero de 2019 al 25 de junio de 2020, René Gavira Segreste, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, autorizó usar los recursos del nuevo organismo descentralizado para comprar certificados de intermediación bursátil privada.
