Conagua (ARCHIVO)
La Coordinadora Nacional Agua para Todos y la Contraloría Autónoma del Agua de la Laguna denunciaron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) excluyó las propuestas ciudadanas y comunitarias en el dictamen de la nueva Ley General de Aguas, lo que consideran una perpetuación de la llamada “ley salinista” vigente desde hace más de tres décadas.
Elizabeth Estrada, vocera de la Contraloría Autónoma del Agua de la Laguna, señaló que el proyecto legislativo incumple con el mandato constitucional de garantizar la equidad, la sustentabilidad y la participación ciudadana.
“Denunciamos que las propuestas generadas en los Parlamentos Abiertos y las Audiencias Públicas organizadas por la Legislatura, comunidades y la ciudadanía fueron rechazadas por la Conagua”, afirmó.
Las organizaciones criticaron que la iniciativa se haya aprobado de manera exprés, “sin mover ni un punto ni coma”, y sin revisión pública. Aseguran que la propuesta mantiene intacta la Ley de Aguas Nacionales (LAN), responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano.
A pesar de intentos de bloqueo, comunidades y legisladores lograron organizar 16 foros de Parlamento Abierto y presentar más de 500 propuestas en audiencias públicas en distintas regiones del país. Sin embargo, las principales demandas fueron rechazadas.
Entre las propuestas desechadas por Conagua se encuentran la prohibición de privatizar obras hidráulicas y sistemas de agua potable, el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas al agua, la obligación de incluir representación comunitaria en los Consejos de Cuenca, la tipificación de la contaminación como delito, la extinción de volúmenes de uso industrial cuyos titulares no han pagado derechos, la protección de usuarios agropecuarios familiares frente a la pérdida de concesiones y el reconocimiento de acuíferos kársticos vulnerables a la sobreexplotación.
Las organizaciones alertaron que el proyecto no incluye obligaciones para desmontar el acaparamiento ni la sobreexplotación del recurso. El nuevo Fondo de Reservas del Agua, señalaron, permite la “reasignación” de volúmenes sin reducir el sobreconcesionamiento.
Tampoco se establecen mecanismos para garantizar el derecho humano al agua, ordenar el sistema de concesiones o combatir la corrupción en el manejo de permisos. Denunciaron que la Conagua sólo está cobrando el 20% de los derechos que deben los usuarios industriales y de servicios, lo cual convierte la recaudación en una enorme oportunidad de corrupción. También señalaron que no se transparentan las listas de solicitudes por cuenca y acuífero, ni los pagos de derechos, y que se manipulan las disponibilidades de agua para favorecer intereses privados.
Las organizaciones insistieron en que seguirán trabajando por un modelo de gestión hídrica democrático y transparente.
“Nos comprometemos a seguir luchando por el buen gobierno del agua, a pesar de la verticalidad y opacidad que sigue predominando en el sector”, expresó Estrada.
En conclusión, señalaron que la legislación que se discute en la Cámara de Diputados dista mucho de cumplir con el mandato constitucional de equidad, sustentabilidad y participación, y que México necesita una base legal sólida para enfrentar los retos hídricos en un contexto de crisis ambiental y social.
