Coahuila se mantiene como referente en coordinación institucional y bajos índices delictivos, mientras que Durango continúa lidiando con hechos violentos que reflejan una crisis nacional. Así lo expresó Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), durante su visita a Torreón.
El empresario reiteró la urgencia de que el Senado apruebe la reforma al artículo 73 constitucional para homologar el delito de extorsión en todos los estados. "La extorsión es el delito que tiene de rodillas a varios empresarios del país y es el que mata a la Mipyme", afirmó. Según datos de Coparmex, uno de cada dos socios ha sido víctima de al menos un delito, siendo la extorsión -incluyendo el cobro de piso- uno de los más recurrentes.
Reconoció que Coahuila ha logrado mantener buenos indicadores de seguridad gracias a una estrategia sólida y coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno. Destacó que este modelo debe replicarse en otras entidades, aunque advirtió que no se puede bajar la guardia. En contraste, señaló que en Durango hay "una crisis de inseguridad que enfrenta todo el país".
La falta de homologación del delito de extorsión entre estados complica su persecución legal y deja a miles de empresarios vulnerables. "En algunos estados, la extorsión ni siquiera se considera delito. Necesitamos penas más duras, económicas y penales, sin distingo entre funcionarios y ciudadanos", enfatizó.
Sierra Álvarez insistió en que sin seguridad no puede haber desarrollo económico, y sin este, no puede hablarse de prosperidad ni justicia social. "El país no puede aspirar a atraer inversión ni generar desarrollo regional si no enfrenta de manera decidida la crisis de inseguridad", dijo.
Alertó sobre el impacto de la inseguridad en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que dependen de lo que venden hoy para abrir mañana. "Cuando cierran por extorsión o violencia, no solo pierden el negocio, pierden su patrimonio. Ahí están los jóvenes, las madres solteras, las familias que emprenden. La inseguridad les arrebata su futuro", lamentó.
Coparmex exige que el Senado actúe con responsabilidad y apruebe la reforma constitucional que permitiría perseguir la extorsión de manera uniforme en todo el país. "No podemos seguir permitiendo que este delito siga creciendo sin consecuencias. Es momento de actuar", concluyó.
También advirtió que cuatro de cada diez robos a negocios se cometen con violencia, poniendo en riesgo la vida de trabajadores y propietarios. Denunció que en algunas ciudades, las autoridades se convierten en extorsionadores bajo el pretexto de aplicar la ley, lo que calificó como "el impuesto más alto que pagan los empresarios".
