Ejidatarios de la Laguna logran acuerdos en defensa de sus derechos hídricos
Ejidatarios han logrado avances significativos en el camino hacia una legislación que reconozca plenamente sus derechos. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha aceptado ajustar su propuesta de ley para permitir la herencia y las transferencias de agua y de derechos entre ejidatarios, un paso que consideran histórico.
Elizabeth Estrada, vocera de la Contraloría Autónoma del Agua de la Laguna, destacó que este acuerdo es resultado del trabajo conjunto con la Cámara de Diputados y responde a las demandas de las comunidades rurales que por décadas han exigido que sus derechos al agua sean reconocidos como inalienables, imprescriptibles e inembargables.
“Estamos comprometidos con lograr que la Ley de Aguas Nacionales reconozca que los ejidos al interior de los Distritos de Riego manejen sus propias aguas e infraestructura sin la intervención de las mesas directivas de los módulos”, señaló.
En la Laguna, donde la agricultura y la vida comunitaria dependen de este recurso, los ejidatarios han enfrentado históricamente dificultades para ejercer control sobre sus derechos. La llamada “ley salinista”, vigente desde los años noventa, dejó un legado de crisis hídricas que hoy se busca superar con una nueva legislación más justa y participativa.
Para las familias ejidales, la posibilidad de heredar y transferir derechos de agua significa garantizar la continuidad de sus proyectos agrícolas y la seguridad de las próximas generaciones.
La Contraloría Autónoma del Agua subrayó que seguirá trabajando para ampliar el diálogo y generar propuestas que fortalezcan la participación ciudadana en la gestión del recurso. “Agua para todos, agua para la vida” no es solo un lema, sino una exigencia que busca transformar la relación entre el Estado y las comunidades rurales, colocando al agua como un derecho humano y no como una concesión administrativa.
El debate sobre la nueva Ley de Aguas Nacionales continúa abierto, con la participación activa de comunidades, organizaciones sociales y legisladores, con foros que buscan transformar el marco legal vigente y garantizar el cumplimiento efectivo del derecho humano al agua. Se están identificando reformas necesarias para frenar la sobreexplotación, enfrentar la contaminación y reconocer los derechos de las poblaciones que sufren discriminación hídrica.
