El 31 de julio de 2025, casi veinte años después de haber sido detenido, incomunicado y torturado, la jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal del Estado de México, declaró inocente a Israel Vallarta Cisneros de todos los delitos que se le imputaban. De todos: delincuencia organizada -la banda de Los Zodiaco fue una invención de García Luna y Cárdenas Palomino-, privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro en los seis casos en que se le imputaban -en contra de los dislates de Adán Augusto López y Olga Sánchez Cordero, que lo señalaron de tener otros procesos abiertos; una mentira repetida, paradójicamente, por Loret- y portación ilegal de armas de fuego.
Su liberación ha desatado una ácida polémica tanto entre articulistas como en usuarios de redes. En medio de la crispación política que nos consume, la mayor parte de sus lecturas han estado cegadas por los dogmas ideológicos y el mismo uso político que el caso ha tenido desde sus inicios. Salvo excepciones, cada quien parece empeñado en usar a Vallarta para sus propios fines políticos. No es nuevo: García Luna creó el caso para exhibir la supuesta eficacia de la policía federal -un distractor para ocultar su propia actividad delictiva, como hoy sabemos-; Calderón se valió de él para cimentar su popularidad en medio de la confrontación con Sarkozy; Peña Nieto impulsó la liberación de Florence Cassez para normalizar las relaciones con Francia y afianzar el inicio de su mandato; López Obrador lo resucitó -a partir del estreno de la serie basada en Una novela criminal- para atacar a Calderón y a la prensa opositora; y ahora, Sheinbaum usa la liberación de Vallarta con el mismo objetivo.
En el fango de las redes, los seguidores de unos y otros se han empeñado en modelarlo a su antojo. Con un maniqueísmo que impide distinguir cualquier matiz, los fanáticos de la 4T ensalzan a Vallarta por ser víctima de la corrupción calderonista -y, por ende, de toda la oposición-, sin que les importe demasiado su inocencia o que haya estado encarcelado a causa de la prisión preventiva oficiosa que tanto defiende Morena, mientras que, para los fanáticos anti-4T, su liberación obedece solo a la voluntad de Sheinbaum de atacar a Loret, uno de los más agudos críticos del gobierno, sin que les preocupe que su papel en este caso haya sido lamentable de principio a fin, como si ambas cosas no fuesen compatibles.
Mientras la 4T utiliza a Vallarta como arma contra García Luna y Calderón -basta ver los patéticos esfuerzos de un periodista afín al régimen para que este le diese las gracias a López Obrador por su libertad-, los anti-4T, con el Latinus de Loret incluido, prefieren descalificar a una jueza de carrera, cuando meses antes clamaban en defensa de figuras como ella frente a la incompetente reforma judicial de López Obrador. Resulta descorazonador observar cómo columnistas de peso se atreven poner en duda la inocencia de Vallarta -a lo largo de estos veinte años siempre ha sido inocente, como ellos mismos o cualquier otro ciudadano mexicano a quien nadie le ha probado un delito-, justo cuando, pese a todo, su caso es de los pocos que han llegado a una sentencia clara y contundente.
Del mismo modo que a casi nadie le importó revisar el inagotable expediente del caso -gracias a la generosidad de Guadalupe Vallarta, fui el primero en leerlo completo-, hoy casi nadie se ha preocupado por la sentencia de la jueza Vieyra Valdés: un documento extraordinario que refleja todos los vicios de nuestro sistema de justicia: los que existían hace veinte años, en el depauperado modelo heredado del PRI, los que continuaron a partir de 2008, cuando se introdujo el sistema penal acusatorio, y los que persisten en nuestros días y que solo se verán agravados por la reforma judicial de López Obrador. Quizás esta sea la mejor prueba de cómo, a lo largo de estos veinte años, toda nuestra clase política -PRI, PAN y Morena-, jamás hizo nada para construir un sistema de justicia eficaz, independiente y confiable.
