El INE entra a las cárceles y apuesta por la reinserción con identidad
En una decisión unánime, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los “Lineamientos para la credencialización de personas privadas de la libertad”, un instrumento que busca garantizar el derecho a la identidad, facilitar el ejercicio del voto y contribuir al proceso de reinserción social de esta población.
La medida representa un avance significativo en materia de derechos humanos, al reconocer que la falta de identificación oficial al salir de prisión coloca a las personas en una situación de vulnerabilidad que puede obstaculizar su reintegración y aumentar el riesgo de reincidencia. Por ello, el INE estableció que la entrega de la Credencial para Votar será directa y personal al titular, con la posibilidad de que esta sea resguardada por el instituto hasta por diez años, equivalente a su vigencia.
Los lineamientos contemplan procedimientos específicos para personas mexicanas en prisión preventiva y aquellas con sentencia condenatoria. En el caso de quienes se encuentran en prisión preventiva, la credencial podrá utilizarse tanto como identificación oficial como para ejercer sus derechos político-electorales, manteniéndose sus datos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal. Para quienes cumplen una sentencia, la credencial funcionará únicamente como identificación, y su registro se mantendrá con el estatus de “suspendido en sus derechos político-electorales”.
Para facilitar el trámite, las personas privadas de la libertad podrán designar a una persona de confianza como “Enlace” ante el INE, quien gestionará el proceso en su nombre. Además, las solicitudes solo podrán realizarse en centros penitenciarios que cuenten con un convenio de colaboración vigente con el instituto, el cual deberá incluir protocolos de seguridad, acciones específicas para cada parte involucrada y mecanismos de seguimiento y evaluación.
Los requisitos para obtener la credencial incluyen presentar en original el comprobante de nacionalidad mexicana (acta de nacimiento o carta de naturalización), comprobante de domicilio, que podrá ser el del centro penitenciario o el registrado previamente, identificación con fotografía y el formato de solicitud correspondiente, incluyendo la manifestación de “Enlace” en caso de requerirse.
El INE subrayó que este instrumento cuenta con un apartado de confidencialidad y protección de datos personales, y que su aplicación se adaptará a las condiciones particulares de cada sistema penitenciario del país. La iniciativa busca no solo garantizar el acceso a derechos fundamentales, sino también abrir una puerta hacia la inclusión social y la participación cívica de quienes se encuentran privados de la libertad.
