El gobierno es socio de todos los negocios formales en México, que le tienen que pagar el 30 por ciento de sus utilidades. Es también socio de los individuos. La tasa depende del nivel de ingreso.
La reforma a la Ley de Amparo y las planteadas al Código Fiscal de la Federación son un cambio de reglas del juego pensado cuidadosamente por el gobierno porque cree que no se le está dando completa su parte de la utilidad. Aunque el amparo ha sido utilizado de forma abusiva por algunos causantes, ha servido para frenar los excesos de la autoridad.
Ahora no es claro cómo nos podremos proteger. El gobierno tiene todas las cartas. El renovado Poder Judicial es cercano a él y las nuevas reglas le dan aún más poder frente al causante o, mejor dicho, su socio.
Hoy muchos empresarios se sienten muy presionados por el fisco. No hay ya mecanismos legales para resolver las diferencias entre contribuyentes y la autoridad que ambas partes consideren justos.
Una alternativa para el causante es buscar la ayuda de quien tiene poder. Si este decide discrecionalmente, se puede terminar en un régimen fiscal donde las contribuciones fiscales dependan de las relaciones políticas. Para evitar usar esta ruta, están los procesos judiciales. Para que un tercero decida con base en la ley.
Los derechos de los contribuyentes importan. Por razones éticas: si se nos quita una parte de nuestro patrimonio, la decisión tiene que basarse en la ley y en principios constitucionales. La razón práctica es que, si el SAT se percibe como arbitrario e incierto, bajará aún más la inversión privada.
Un buen socio, léase aquí el gobierno, debe pensar más en la rentabilidad futura de su posición accionaria, que en querer exprimir a la empresa de todo el dinero posible hoy. Sin embargo, los gobiernos suelen estar presionados por el corto plazo por la falta de recursos.
En México las empresas son las que más aportan del ISR recaudado, lo cual equivale al 3.9 por ciento del PIB. Es un porcentaje similar al promedio de la OCDE. La presión fiscal ha aumentado mucho. En el 2012 sólo representaba el 1.8 por ciento.
El grueso del ingreso recaudado por ISR lo pagan las grandes empresas (aquellas con ingresos anuales superiores a los 500 millones de pesos): unas 12 mil empresas (menos del 2 por ciento del total del padrón). Estas pagan el 78 por ciento de todo el ISR recaudado por las empresas en México. Las medianas y pequeñas aportan muy poco.
Ni hablar de todas esas empresas en la informalidad o en el mundo criminal. El crimen organizado además extorsiona a los causantes. Según un reciente artículo de Luis Miguel González, los productores de limón pagan 4 pesos por kilo producido, lo que significa un negocio por extorsión de 3.4 mil millones anuales. Sirva como referencia que el municipio de Morelia recaudó por predial 690 millones en 2024.
Un gobierno con este poder y con visión de mediano plazo podría emplearlo para corregir abusos, pero a la vez entendería que una presión fiscal excesiva y discrecional llevaría a una menor inversión o a que muchas empresas migren a la informalidad. En ambos casos el gobierno recaudará menos ingresos en el futuro. Sin embargo, en la 4T existe la sospecha de que todos los empresarios son abusivos, o sea, que le están robando al fisco y no entienden bien cómo se toman las decisiones en el mundo empresarial.
Para colmo, la mayoría de lo recaudado no se va para proveer bienes y servicios públicos de calidad que permitan a las empresas hacer más y mejores negocios. Al contrario, entre regulaciones excesivas, incluidas las interminables peticiones de información del SAT al contribuyente, y la falta de infraestructura básica y de servicios como salud, educación o seguridad, el empresario pierde mucho tiempo y recursos, suyos y de sus empleados. Tiempo que en otros países se usa para generar utilidades, de donde Hacienda puntualmente cobra su parte.
ÁTICO
Para la 4T, todos los empresarios son abusivos; pero una presión fiscal excesiva y discrecional lleva a una menor inversión.