Foto: El Universal
El pasado primero de junio nuestro país hizo historia. Por primera vez tuvo sus elecciones judiciales. Esto implicó que los mexicanos fuéramos alentados a llenar las casillas para votar por cargos que se convirtieron en novedad: jueces, ministros y magistrados. De esta manera, ya ninguno de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) se escapa de ser objeto de interés y decisión de la ciudadanía.
Este proceso no tiene muchos precedentes en el mundo. Aunque en algunas naciones existen mecanismos democráticos para seleccionar a ciertos integrantes del Poder Judicial, ninguna ha optado por uno tan amplio y directo como el que estableció México. Por ejemplo, Bolivia fue el primer país de América Latina en designar a sus jueces por voto popular. Desde 2011, tras una reforma constitucional impulsada por el gobierno de Evo Morales, los bolivianos eligen mediante sufragio directo a los integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
En Estados Unidos, la elección de jueces también existe, pero de forma fragmentada y muy distinta al caso mexicano. Cada estado tiene su propio sistema judicial, y el método de selección depende del tipo de tribunal y de la vacante. Hay entidades donde son electos por voto popular, otras donde son designados por el gobernador y ratificados por el Senado estatal, y algunos más se definen con sistemas mixtos o con comités de evaluación. Además, estos procesos se dan, en su mayoría, a nivel estatal y local, y no para los altos tribunales federales, que son nombrados por el presidente con aprobación del Senado.
El Brennan Center for Justice califica el sistema estadounidense como “complejo”, y los estudios han mostrado que suele estar dominado por el dinero, la publicidad negativa y la presión de intereses particulares, lo que ha generado cuestionamientos sobre su imparcialidad.
Por otro lado, en Suiza, uno de los países con mayor tradición democrática del mundo, sólo algunos de los 26 cantones (o estados) permiten la elección directa de jueces por parte de los ciudadanos. El sistema de justicia suizo es altamente descentralizado, y cada cantón tiene su propia Constitución y marco legal. En algunos casos, el Tribunal de Distrito es sometido al voto popular, pero otras veces sus integrantes son definidos por las autoridades legislativas locales. A nivel nacional, los jueces federales son nombrados por el Parlamento, no por votación popular.
Hay que reconocer que, como tal, la elección judicial en México fue un fenómeno importante, pero algo salió mal en la ecuación porque gran parte de la ciudadanía se ausentó de este evento histórico, el cual, para muchos, fue considerado un fracaso, mientras que para otros representó un fortalecimiento democrático. ¿Qué pasó con el voto? ¿Qué significó este proceso que muchos seguimos sin asimilar?
EL PODER JUDICIAL
Tras la promulgación de la primera Constitución Federal de México en 1824, nuestro país se convirtió en una república, modelo político caracterizado por una separación de poderes, en que coexistiría una Cámara de Diputados y una de Senadores, así como un sistema presidencial y uno judicial. Bajo este modelo, la ciudadanía sería la responsable de elegir a quienes gobernaran el territorio mexicano, tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo; pero ¿por qué esto no sucedió con el poder judicial? La respuesta fácil y rápida es que se buscaba evitar que el espectro del orden enfocado en las leyes y, principalmente, en ser el puño de la justicia, se viera sesgado por la politización. Si la justicia es ciega, habría que analizar la ceguera de un proceso electoral que requiere la confrontación de individuos que, definitivamente, pondrán sus posturas ideológicas como estandarte para buscar ser elegidos.
La función principal del poder judicial es aplicar la justicia en el país, lo que significa que se encarga de resolver conflictos entre personas, empresas o instituciones, siempre basándose en las leyes. Su responsabilidad es hacer respetar la Constitución y proteger los derechos de toda la población.
Este poder está formado por distintos órganos que trabajan en conjunto. El más importante es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el tribunal de mayor nivel en el país y toma decisiones sobre temas muy delicados, como los derechos humanos o los conflictos entre leyes. También están el Tribunal Electoral, que resuelve problemas relacionados con las votaciones populares; el Órgano de Administración Judicial, que organiza el funcionamiento interno de los tribunales (excepto la Suprema Corte), y el Tribunal de Disciplina Judicial, que se asegura de que los jueces y otros funcionarios actúen correctamente.
Además, hay otros órganos como los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales de apelación y los juzgados de distrito, que atienden casos en distintas partes del país, cada uno con funciones específicas. En ocasiones, los tribunales estatales o de la Ciudad de México pueden ayudar a la justicia federal, siempre y cuando la Constitución o las leyes así lo permitan.
El judicial es independiente de los otros poderes del gobierno, lo cual es muy importante para que sus prácticas sean justas, imparciales y confiables. Asimismo, quienes lo integran eran, antes del nuevo ordenamiento, seleccionados (en teoría) con base en exámenes, experiencia, estudios y trayectoria profesional, sin hacer campañas ni tener que prometer nada a nadie, garantizando así que tomaran decisiones con independencia y basadas en la ley, no en presiones políticas o intereses de grupos. Pero tras la última reforma esto cambió.
LA CONTROVERTIDA REFORMA
El año pasado, el Congreso de México se convirtió en escenario de una batalla campal entre fuerzas políticas que se arañaban entre sí para definir el rumbo de la llamada Reforma Judicial. El proceso comenzó en febrero de 2024, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la propuesta al Congreso como parte central de su legado.
En ese momento, su partido, Morena, no tenía los votos suficientes en el legislativo para aprobar la modificación a la Constitución. Sin embargo, esto cambió después de las elecciones del 2 de junio, cuando Morena, junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), logró la mayoría en ambas cámaras del Congreso. De este modo, los legisladores del bloque oficialista consiguieron aprobar la reforma. El Senado le dio el visto bueno durante una madrugada, con 86 votos a favor y 41 en contra, en una sesión que se calificó como apresurada y que dejó poco espacio para el debate público y el análisis detallado de sus implicaciones.
Un detalle polémico fue el voto del senador panista Miguel Ángel Yunes, quien rompió con su bancada para apoyar la reforma impulsada por el bloque contrario. Esta ofensa significó la expulsión del clan Yunes del Partido Acción Nacional (PAN). Su decisión fue interpretada como una traición por algunos sectores de la oposición, mientras que otros lo acusaron de actuar bajo motivaciones políticas o personales no transparentadas.
Otro de los momentos más significativos del proceso fue el paro indefinido de miles de trabajadores, jueces y magistrados, quienes consideraron a la reforma como un atentado contra la autonomía del poder judicial al imponer la elección popular. El cambio a la Constitución fue interpretado como un intento de debilitar los contrapesos institucionales y de someter al Poder Judicial a la lógica electoral y mediática. La protesta no fue menor: se vivieron momentos de tensión cuando manifestantes se adentraron en el Senado, interrumpiendo una sesión legislativa en curso.
Pero la crítica no se detuvo ahí. No sólo vino de los partidos opositores, sino también de organizaciones de la sociedad civil, juristas, académicos y organismos especializados, quienes advirtieron que elegir jueces mediante voto popular podría politizar la justicia, abrir las puertas a la corrupción y vulnerar los principios de independencia judicial.
Además, se cuestionó el procedimiento exprés con el que las legislaturas estatales aprobaron la reforma, lo que alimentó la percepción de que se trataba de una imposición más que de una decisión democrática y reflexionada.
VICIOS PREVIOS
Desde el oficialismo, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió que esta iniciativa no surgió de un capricho personal o una confrontación institucional, sino como resultado de una exigencia para “limpiar” de privilegios y redes de nepotismo a la impartición de justicia en México. En diversas intervenciones públicas, especialmente durante las llamadas “mañaneras del pueblo”, Sheinbaum recordó que el problema del nepotismo no era nuevo, y citó como evidencia la investigación publicada en 2018 por la organización Mexicanos Contra la Corrupción, titulada El poder familiar de la federación.
El informe detalla cómo más de 500 jueces y magistrados mantenían en la nómina del Poder Judicial a familiares directos e indirectos, incluyendo esposas, hijos, padres, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Estas redes de vínculos familiares alcanzaban, según el reporte, a más de siete mil servidores públicos distribuidos en 31 circuitos judiciales del país. El diagnóstico es contundente: se trataba de una estructura clientelar incrustada en el sistema de justicia, lo que evidenciaba una falta de control interno y un uso patrimonialista de los cargos públicos.
Como ejemplos particularmente llamativos, se citó a un magistrado de Durango que colocó a 17 familiares en puestos administrativos, y a magistrados de Querétaro y Nuevo León que tenían al menos 14 sobrinos en la nómina de sus respectivos circuitos.
“Esto es contra la corrupción. Que no se nos olvide: la Reforma al Poder Judicial que hoy es parte de la Constitución no sale de la nada, sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación”, expresó Sheinbaum.
Tras la aprobación en ambas cámaras del Congreso, la reforma fue enviada a las legislaturas estatales, donde también obtuvo el apoyo necesario para volverse oficial. Con esto, quedó establecido que, desde este año (2025), los cargos más importantes en el sistema judicial serían puestos a elección popular, marcando un antes y un después en la forma en que funciona la justicia en México, o por lo menos la manera en que se elige a quien la ejerce.
CAMPAÑAS MALOGRADAS
Tras meses de estira y afloja para la aprobación de la reforma judicial, que introdujo la elección por voto popular de dos mil 681 cargos entre jueces, magistrados y ministros, se establecieron reglas que colocaban en clara desventaja a muchos de los aspirantes.
Uno de los puntos más polémicos es que los candidatos judiciales no reciben ningún tipo de financiamiento público para sus campañas. Según la norma del Instituto Nacional Electoral (INE), sólo pueden promocionarse con lo que salga de sus bolsillos.
Esto, en apariencia, suena fenomenal: candidatos que no le cuestan al erario público. Y si bien representa un respiro para el presupuesto federal, es necesario poner en perspectiva la magnitud de los recursos que sí se destinan a otros procesos.
El INE estimó inicialmente un gasto precautorio de 13 mil 200 millones de pesos, cifra superior a los ocho mil millones que costaron las elecciones federales de 2024. Incluso superaba el presupuesto de toda la Secretaría de Cultura para 2025, que fue de poco más de 12 mil millones. También era mucho más de lo que se necesita para ejecutar obras como el proyecto Agua Saludable para La Laguna, cuyo costo es de alrededor de ocho mil millones de pesos. No obstante, al final del día la elección sufrió un recorte de presupuesto y terminó costando poco más de siete mil millones de pesos.
Regresando al tema, surge la pregunta: ¿por qué sólo a los candidatos judiciales, y no a los demás, se les niega financiamiento? Los partidos políticos reciben recursos públicos para evitar que dependan de intereses privados, empresas o grupos de poder, lo cual busca proteger la equidad en el proceso electoral. Como los candidatos judiciales no representan a partidos, sino que se postulan de manera individual, se argumenta que no requieren financiamiento estatal. En teoría, deberían ganar por méritos y trayectoria. Pero en la práctica, esto deja a los perfiles con menos capacidad económica en clara desventaja frente a quienes tienen dinero, fama o conexiones. Más aún, hay una clara contradicción: se les exigió competir como políticos, pero sin presupuesto de político.
Además, el número de aspirantes fue enorme: tres mil 414 candidatos se postularon como jueces, magistrados y ministros. Si se les asignara presupuesto, el monto total superaría los mil millones de pesos, considerando los topes de gastos definidos por el INE. Por ejemplo:
- Jueces de distrito: 220 mil 326 pesos por candidato.
- Magistrados de circuito: 413 mil 111 pesos.
- Magistrados de salas regionales: 881 mil 304 pesos.
- Ministros de la Suprema Corte: 1.4 millones de pesos.
El resultado fue un proceso profundamente desigual. La única vía publicitaria permitida para estos aspirantes era la “promoción orgánica” en redes sociales. Esto significa que no pudieron pagar anuncios, ni en Facebook ni en Instagram, ni contratar espacios en radio, prensa o televisión. Esto implicó depender casi exclusivamente del “boca en boca” digital, con la esperanza de que algún video o meme se volviera viral y los diera a conocer.
Pero esto también acarrea otro problema: la gran mayoría de la población no sabe quiénes son estos candidatos ni qué funciones tiene un juez, un magistrado o un ministro. Ya de por sí en elecciones federales o locales es difícil estar al tanto de todos los aspirantes, y eso que suelen tener campañas con una gran visibilidad. Ahora, en este nuevo modelo judicial, todo se volvió más incierto, más técnico y opaco.
Como era de esperarse, desde que iniciaron las campañas el 30 de marzo, lo primero que destacó en redes fueron videos de candidatos buscando viralizarse o convertirse en memes, como única forma de gritarle a los votantes “¡aquí estoy!”.
Algunos aspirantes reconocidos, ya sea por pertenecer a familias políticas, por haber sido figuras públicas o por tener apellidos de abolengo, podrían verse beneficiados por el simple hecho de resultar familiares para el electorado. ¿A quién votarían los ciudadanos si entre las opciones estuviera un apellido como Obrador, Monreal, Calderón o Sheinbaum, frente a otros más comunes y anónimos como un Hernández, Rodríguez o García?
Pero también hubo algo que sorprendió detrás de algunos candidatos: la mala publicidad también es publicidad.
LA POLÉMICA TRAS LOS CANDIDATOS
Entre los más de tres mil candidatos que hubo para la elección, surgió una gran controversia en torno a la calidad y los antecedentes de varios de ellos. Organizaciones civiles como Defensorxs alertaron que al menos una veintena de individuos que se postularon representaban serios riesgos para la justicia debido a su historial legal, relaciones personales o profesionales cuestionables, e incluso antecedentes penales.
Uno de los casos más llamativos es el de Silvia Delgado, conocida por haber sido abogada defensora de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo. O Leopoldo Javier Chávez, quien pasó más de cinco años preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de metanfetaminas.
Otras candidaturas generaron alarma por presuntos vínculos con redes de corrupción, abuso de poder o delitos violentos. Por ejemplo, Ana Rosa Jiménez Loranca fue señalada como parte de una red de nepotismo dentro del Poder Judicial, liderada por Carlos Loranca, un magistrado destituido por enriquecimiento ilícito y nexos con huachicoleros. También hay casos como el de Alberto Leija López, exdirector de policía acusado de intentar asesinar a su esposa; o el de Luis Castañeda Palacios, denunciado por abuso sexual contra 36 mujeres y por atropellar a un motociclista que falleció.
Varios nombres están relacionados con sobornos, tráfico de combustible robado, amenazas a periodistas, extorsiones y hasta homicidios. Resalta, por ejemplo, Elizabeth Guzmán Vilchis, detenida por extorsión y vinculada a la desaparición del ambientalista Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca en Michoacán.
Otro grupo de candidatos llama la atención por estar ligado a la organización religiosa La Luz del Mundo, que ha sido objeto de investigaciones por abusos y encubrimientos. Entre ellos están Job Daniel Wong Ibarra, Karina Sánchez Ruiz, y Madián Sinaí Menchaca. Estas dos últimas resultaron virtuales ganadoras en sus postulaciones.
Además, se incluyen casos como el de Francisco Herrera Franco, acusado de asesinar periodistas y extorsionar a comunidades indígenas; Nicollino Cangiamilla Enríquez, removido de su cargo penitenciario tras múltiples incidentes y con posibles conflictos de interés por sus vínculos políticos y empresariales; y Jesús Humberto Padilla Briones, con antecedentes por portación de armas y drogas.
Nombres como Fernando Escamilla Villarreal (defensor de miembros del Cártel de los Zetas), Francisco Martín Hernández Zaragoza (acusado de corrupción, lavado de dinero y abuso sexual) y Andrés Montoya García (vinculado a la desaparición de un periodista en 2005) completan la preocupante lista.
GANÓ EL ABSTENCIONISMO
Entre polémicas e inconformidades la elección siguió su curso. Llegó el primero de junio y sólo quedaba que la ciudadanía saliera a participar. Los más comprometidos fueron los estados de Durango y Veracruz, que también debían llevar a cabo sus procesos electorales locales. Sin embargo, la jornada finalizó y un profundo silencio se extendió ante la ausencia de personas en las casillas.
El INE confirmó que la participación ciudadana había sido de 13 millones de votantes, de los 97 millones que, a junio del presente año, se encontraban registrados en la lista nominal. Para darse una mejor idea de la escasa atracción de votantes, las pasadas elecciones federales registraron un poco más de 60 millones de sufragios.
De esta manera, el panorama que ofreció esta primera elección judicial fue el del despropósito: salió cara, no generaró interés y dejó muchas preguntas.
¿Esto implicó un fracaso? Parece que para las autoridades no, porque ya lo veían venir. En una primera instancia, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, auguró que habría una participación de entre el ocho y 15 por ciento.
Por su parte, Claudia Sheinbaum celebró desde Palacio Nacional el evento. Su estimación de éxito partió de una comparativa con las consultas populares del expresidente AMLO, las cuales en su mayoría atraían poca gente, a excepción de la consulta de revocación de mandato, que generó 16 millones de votos. Además, comparó la participación de la elección judicial con los resultados que obtuvieron los partidos de oposición durante el proceso electoral de 2024.
“Más del doble de los que votan por el PRI, más de los que votan por el PAN; claro que fue un éxito el ejercicio del día de ayer”, aseguró.
Pero, pese a todos los argumentos que se quieran rasgar desde el oficialismo, no se puede ignorar que las elecciones tuvieron una participación acorde a lo mal coordinadas y poco entendibles que fueron, incluso desde las boletas, que eran seis en total: Suprema Corte, Tribunal Electoral, Tribunales de Disciplina, Salas Regionales, Magistraturas de Circuito y Juzgados de Distrito. ¿El obstáculo? Lo complicado que parecía marcarlas, ya que en algunas se podían escoger varios candidatos, y además el acomodo era confuso.
En conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó en varias ocasiones cómo se marcaban estas nuevas boletas. El INE abrió un simulador virtual para familiarizarse, la presidenta incluso realizó un tutorial de cómo emitir el voto y, aun así, enfrentarse a ello produjo cierto vértigo a muchos votantes.
UNA MALA EJECUCIÓN
La ausencia en las urnas no fue casual ni resultado de una simple apatía: fue el desenlace lógico de un proceso mal comunicado, acelerado, restrictivo y desconectado de la realidad cotidiana de la gente. Un coctel de factores estructurales, sociales, informativos y políticos que explican por qué, a pesar de la promesa de renovar el Poder Judicial, “nadie” quiso ser partícipe de ello.
Una de las razones fundamentales fue la falta de información. La ciudadanía no sabía quiénes eran los candidatos ni entendía bien qué se estaba eligiendo. Para la mayoría, jueces, magistrados y ministros son figuras abstractas, con funciones difusas. A esto se suma que muchos no lograban distinguir si se trataba de una consulta, una reforma o una votación definitiva. ¿Qué tan común es que una persona promedio sepa la diferencia entre un magistrado de circuito y uno de sala regional? ¿Y por qué debería importarle?
Además, hay una dimensión política: muchas voces cuestionaron el diseño mismo de esta reforma. La sospecha de una intención política detrás del proceso generó desconfianza. Si la elección parecía más una jugada de poder que una apuesta por la justicia, ¿por qué participar?
La desconexión también fue emocional y práctica. Para la mayoría de los ciudadanos, los magistrados y ministros no forman parte de sus preocupaciones diarias. A diferencia de quienes gobiernan su municipio o estado, estas figuras se sienten lejanas, técnicas, impersonales. Votar por alguien totalmente desconocido, sin siquiera entender qué hará una vez en el cargo, desincentiva por completo la participación.
La elección se celebró muy cerca de otras votaciones federales y locales. Muchas personas ya habían acudido a ellas recientemente (2024) y simplemente no vieron sentido en ir de nuevo a las urnas. Había cansancio, saturación e incluso la percepción de que era “más de lo mismo”.
Aunque aún no hay cifras definitivas en todos los estados, los reportes preliminares hablan de niveles de abstención superiores al 85 por ciento. En términos simples: fue un desastre en participación ciudadana. Y eso es preocupante, sobre todo si el objetivo era “democratizar” la justicia.
Desde la psicología social, este comportamiento puede explicarse con la Teoría del Conflicto Decisional (1970), de Janis y Mann. Según este modelo, cuando alguien enfrenta una decisión difícil —como votar por un cargo que no entiende—, con opciones que desconoce y consecuencias inciertas, se genera estrés y una resistencia natural a actuar. Si además percibe que no hay riesgo inmediato al no elegir—es decir, si siente que “nada va a pasar si no voto”—, lo más probable es que simplemente evite tomar la decisión.
Este postulado también explica por qué, en contextos políticos tensos y polarizados, la gente se vuelve más susceptible a la desinformación o incluso a decisiones erráticas. No se trata sólo de apatía, sino de una crisis de confianza y comprensión.
En palabras de algunas figuras políticas, incluso afines al oficialismo, unas elecciones más pausadas y sin tanto puesto y candidato desconocido hubiesen permitido una mayor asimilación para los votantes, ya que tras el proceso fue evidente que todo se desarrolló de manera acelerada y “de un tirón”.
Esta primera elección judicial nos dejó a Hugo Aguilar, abogado de origen mixteco, como el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia. De ahí en más, al cierre de esta edición, sobran los nombres aún desconocidos de las figuras que estarán tomando sus nuevos cargos en el Poder Judicial.
Se trata de un proceso extrañamente celebrado, pero que se sintió como un fallo para la ciudadanía. Los errores deberán ser corregidos cuando venga una segunda elección judicial, a fin de no caer en los mismos baches que la de este año. Para obtener más respuestas tal vez habrá que esperar al llamado a las urnas de 2027.
