El estado de Durango atraviesa una de las etapas más críticas de su historia reciente. A pesar de los discursos oficiales que insisten en el "renacimiento" económico del estado, los datos duros revelan una realidad alarmante: Durango se encuentra sumido en una recesión profunda, con indicadores económicos en caída libre y un clima de inseguridad que ha comenzado a afectar incluso la conectividad regional con La Laguna de Coahuila. Nadie puede negar que el entorno nacional no es favorable, las políticas proteccionistas del presidente estadounidense Donald Trump han llenado de incertidumbre al mundo entero, y por supuesto México, que depende de hasta un 35% de PIB del comercio internacional y el cual más del 80% está comprometido con el vecino del norte, no puede ser anejo.
Igualmente, aunque responsable parcialmente en el manejo de las variables macroeconómicas del actual régimen - el endeudamiento nacional ha tenido un crecimiento galopante desde la llegado de Andrés Manuel López Obrador al poder- los bandazos que se dieron en la administración federal próxima pasada, donde se dio reversa a las reformas que permitirían una mayor inversión en el sector energético, obras faraónicas incosteables, asignaciones presupuestales enfocadas al gasto y no la inversión y sobre todo; la reforma al Poder Judicial llevada a cabo ya en el presente sexenio, han claro ahuyentado el fomento a la inversión productiva, lo que ha arrastrado a México a un crecimiento económico cercano al 0.
De todas estas circunstancias, Durango no puede ser ajeno. Sin embargo, durante los últimos tres años, en la entidad se han registrado más cierres de empresas que aperturas. Según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se han dado de baja 764 patrones desde el inicio del actual sexenio, lo que representa miles de empleos perdidos. Tan solo en lo que va de 2025, se han cerrado 194 negocios, y los meses de enero y julio fueron especialmente críticos, con más de 300 bajas cada uno.
La generación de empleo formal también ha sido insuficiente. En agosto de 2025, apenas se registraron 1,285 nuevos puestos ante el IMSS, muy por debajo de los 11,200 que se requieren mensualmente para sostener el mercado laboral estatal. La pérdida acumulada desde diciembre de 2024 supera los 7,000 empleos.
El Producto Interno Bruto estatal muestra una tendencia negativa desde el tercer trimestre de 2024, con una contracción de -0.4% en el primer trimestre de 2025, por abajo claro del comportamiento de la economía nacional. La inversión extranjera directa, motor clave para el desarrollo, no solo ha desaparecido, sino que se ha revertido: Durango sufrió una desinversión de 58.6 millones de dólares en el primer semestre de 2025.
Sectores estratégicos como la construcción y la minería han sido especialmente golpeados. La actividad industrial cayó un 17% anual, y la construcción se desplomó un 30.1%. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción estima que hasta el 40% de las micro y pequeñas empresas del sector han cerrado.
Aunado a esta crisis económica, se suma un clima de inseguridad creciente, no obstante, las cifras oficiales quieren mostrar otra faceta, es conocido el real entorno en que se vive en el presente momento. Prueba de ello fue el reciente ataque armado contra policías en un retén cerca de Gómez Palacio, perpetrado por dos individuos que dispararon sin mediar palabra, lo cual ha encendido las alarmas en la región. Lo más preocupante no fue solo el acto violento, sino el silencio absoluto de las autoridades estatales de Durango ante el hecho. Ningún comunicado oficial, ninguna rueda de prensa, ninguna condena pública, a diferencia de Coahuila en la que el fiscal estatal Federico Fernández en coordinación con todas las corporaciones que componen el Mando Único, respondió a la prensa sobre lo acontecido, en cambio, por el lado de Durango el mutismo institucional ha llegado a ser interpretado por muchos como una señal de debilidad o complicidad.
Este episodio ha tenido consecuencias inmediatas: Torreón ha cerrado algunas vías de comunicación con Gómez Palacio como medida preventiva. La decisión, aunque drástica, refleja el contraste entre los modelos de seguridad de ambas entidades. Mientras Coahuila mantiene una estrategia más firme y coordinada, Durango parece desbordado por los hechos y paralizado en su respuesta, lo que desafortunadamente abona a incrementar el contraste regional existente entre los dos estados vecinos, donde se aloja La Laguna.
La diferencia entre Durango y Coahuila no solo se manifiesta en la seguridad. Aunque ambos estados enfrentan retrocesos económicos, Coahuila ha logrado amortiguar el impacto gracias al crecimiento en sectores como la construcción, que aumentó un 21.3%. En cambio, Durango muestra una contracción estructural más severa, sin sectores que compensen las pérdidas.
Este desequilibrio regional amenaza con fracturar la integración económica y social entre La Comarca Lagunera duranguense y coahuilense. El cierre de vías, la pérdida de confianza y la falta de coordinación interinstitucional podrían derivar en una desconexión más profunda, con consecuencias para el comercio, la movilidad y la seguridad de miles de ciudadanos.
Durango se encuentra en lo que parecería una tormenta perfecta: recesión económica, desinversión, desempleo, inseguridad y silencio institucional. La narrativa oficial ha sido superada por los hechos, y la ciudadanía exige respuestas concretas. Mientras Coahuila refuerza sus estrategias y mantiene cierto dinamismo, aun con una contracción en el empleo, Durango se hunde en una espiral que amenaza con volverse irreversible. La urgencia de un cambio de rumbo no puede ser ignorada.
Ojalá el gobernador Esteban Villegas encuentre un camino para revertir esta espiral descendente en la que se encuentra el Estado. Ha tenido que enfrentar un entorno complicado, sin duda cabe, pero tampoco de que se puede hacer algo más inmediatamente, sobre todo en seguridad y de allí retornar la inversión y el crecimiento. Hay que hacer votos para que ello ocurra.
