La "mordida" fue un elemento característico del régimen priista. La práctica mediante la cual los funcionarios públicos obtenían recursos ilícitos por hacer o dejar de hacer aquello que las normas jurídicas les ordenaban. Por ejemplo, dejar de revisar las condiciones de operación de un establecimiento, otorgar una licencia a quien no cumpliera con los requisitos, adelantar información a los participantes de una licitación o no acusar o absolver a quien hubiera cometido un delito. Sin asignarle ninguna virtud a la "mordida", lo cierto es que se desarrollaba dentro de las condiciones de funcionamiento del Estado. Se realizaba por quienes utilizaban su condición de funcionarios para darle credibilidad a la amenaza de coacción estatal a fin de obtener sus ilegítimos recursos.
En los gobiernos panistas, priistas y morenistas que se sucedieron a partir del año 2000 no desapareció la práctica de la "mordida". Los cambios tuvieron que ver con tarifas, modos de cobranza o incorporación de actividades, pero subsistió la indebida extracción de riqueza privada por funcionarios públicos respaldados por la coacción estatal.
Lo que actualmente resulta novedoso es la aparición, amplitud y profundidad de la extorsión. De los mecanismos mediante los cuales los agentes privados obtienen recursos de otros agentes privados y/o públicos por la amenaza respaldada en sus propios medios de coacción. Por las prácticas mediante las cuales las diversas delincuencias obtienen recursos por dejar hacer algo que, conforme a la normatividad estatal, debiera ser lícito y, por lo mismo, posible y común.
Quienes en la actualidad pretenden comercializar productos, abrir establecimientos o buscar familiares desaparecidos, tienen que pagar a las delincuencias para hacerlo. Quienes están o quieren incorporarse a un creciente número de actividades "ordinarias", tienen que entregar parte de sus recursos para no ser despojados de otros bienes o asesinados por quienes, simultáneamente, cuentan con la capacidad física para hacerlo y el poder para no ser sancionados por ello.
A diferencia del pasado, la población actual se encuentra sometida a tres maneras de extracción coactiva de sus recursos. Una, la que llevan a cabo las autoridades conforme a las normas y competencias previstas en el marco jurídico mediante contribuciones. Otra, la que indebidamente imponen las autoridades en forma de "mordidas" bajo la amenaza de coacción estatal. Finalmente, la que llevan a cabo las delincuencias a través de la extorsión fundada en su propia violencia.
La extendida extorsión criminal introduce un aspecto importante y distorsionador a nuestra más mínima convivencia. La constitución de un nuevo y paralelo orden social con visos de juridicidad. De un orden en el que los delincuentes imponen las maneras en las que, a cambio de un pago, las personas pueden hacer y dejar de hacer lo que ellas decidan con independencia de lo que dispongan tanto las normas como las autoridades estatales.
A diferencia de los funcionarios que obtenían "mordidas" por el indebido manejo del orden estatal, la actual extorsión criminal está siendo constitutiva de su propia normatividad, así como de sus correspondientes prácticas y sanciones. Por esta nueva realidad, la población actual tiene que enfrentarse con tres órdenes, cada uno de ellos sustentado en su propia fuerza y con la pretensión de despojar a la población de sus bienes, siempre a cambio de la seguridad que cada uno de ellos promete proporcionar.
@JRCossio