El patrimonialismo es un régimen político en el que quien gobierna entiende lo público como suyo, y por ello lo reparte entre parientes y amigos. El país ha enfrentado históricamente ese vicio que corroe la racionalidad administrativa y dificulta la construcción de un Estado competente. Pero se puede enfrentar. El Banco de México, sin problemas de corrupción conocidos y con personal reclutado con base en el mérito, contrasta con lo que sucede en Pemex.
Caso extremo de patrimonialismo contemporáneo es la Rusia de Vladimir Putin. "El Estado no soy yo, sino que es mío", podría decir Putin parafraseando a Luis XIV. Hay una cierta economía de mercado, pero todos dependen de estar bien con el jefe supremo.
No es fácil romper con el patrimonialismo. La importancia de la familia y de los amigos era fundamental para sobrevivir en un mundo sin Estado, cuando se vivía en comunidades pequeñas basadas en el intercambio de favores entre conocidos.
Todos los Estados fueron patrimonialistas en su origen. A Estados Unidos le tomó mucho tiempo institucionalizarse y modernizar a su burocracia, que era vista como parte del botín de quien ganaba las elecciones. Ahora van en retroceso.
Destruir instituciones diseñadas para poner límites, despedir a profesionistas competentes reclutados por mérito y limitar los derechos de los ciudadanos es abrir la puerta a la corrupción. Existe una tensión en Morena entre la lógica patrimonialista propia de muchos de sus políticos y la visión más burocrática del grupo encabezado por Sheinbaum, a la que le gustaría tener un Estado más eficiente, como el de China.
El caso más visible del patrimonialismo del sexenio de AMLO es el huachicol fiscal. Según la primera plana de diversos diarios del pasado 2 de octubre, se trata de una pérdida para el erario de unos 600 mil millones de pesos. Una semana después, Édgar Amador, secretario de Hacienda, dijo que sólo fueron 16 mil millones, que es lo que ya se está querellando judicialmente. Eso no dice gran cosa sobre el boquete: la red de colusiones llevó a que casi no hubiera esfuerzos por perseguir ese delito.
¿De qué tamaño es la pérdida? Francisco Barnés de Castro ha hecho un acucioso trabajo para calcular el costo del huachicol tradicional para Pemex y del huachicol fiscal para Hacienda, refiriéndose al primero como el robo de crudo y combustibles, y al segundo como la importación ilegal de combustibles que, al no pagar IEPS, produce un daño al erario. El texto "Evolución del problema del huachicol y su impacto económico" (https://shorturl.at/8NMyx) lo hizo a partir de fuentes oficiales, encontrando las discrepancias entre las distintas cifras. Para el huachicol fiscal, comparó las exportaciones de combustibles por parte de Estados Unidos frente a las importaciones reportadas en las aduanas mexicanas.
Las conclusiones son apabullantes. El robo de crudo a Pemex, condensados y combustibles sumó 17 mil 300 millones de dólares en el sexenio de AMLO. Nos decían que había desaparecido. El huachicol fiscal, con poca prevalencia en el pasado, costó casi 15 mil millones. Suman en total 32 mil 300 millones de dólares, casi 600 mil millones de pesos.
AMLO concentró el poder, supuestamente para combatir la corrupción, mientras que en Pemex seguía el huachicol, y la Marina estaba involucrada en sus más altos niveles en el huachicol fiscal. Ahora en Morena han centralizado aún más el poder a costa del ciudadano. Sin embargo, sin instituciones sólidas y con relativa independencia de quienes tienen poder, todo se vuelve un botín. Esto, más tantos actores corruptos enquistados en Morena a los que nadie parece poder tocar, hace imposible un Estado eficiente.
La transparencia y los contrapesos no resuelven en automático nada, pero ayudan a revelar y frenar excesos. La democracia permite echar a los gobiernos corruptos sin derramar sangre. En Cuba, los Castro y sus amigos llevan casi 70 años en el poder.
ÁTICO
El huachicol fiscal es el caso más visible de patrimonialismo en el sexenio de AMLO. Sin instituciones sólidas, todo es botín.