La frontera entre nosotros los ciudadanos y el Estado se está moviendo para dejarnos con menos espacio. De eso se trata la construcción de un régimen autoritario. Muchas de las reformas recientes tienen como objetivo expandir el poder del Estado y estrechar los derechos individuales. Están pensadas con cuidado y se complementan entre sí.
El caso más evidente es la ampliación de los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, es decir, el encarcelamiento automático mientras se determina la culpabilidad. Antes del 2018 había cinco delitos bajo esta categoría; en el 2019 subieron a 19, y ahora son 22. Al cierre de 2024 había 236,773 personas encarceladas, de las cuales 85,547 (el 36 por ciento) estaba presa sin sentencia alguna.
Una motivación central del gobierno es que los individuos con recursos han abusado de la ley para frenar los intereses del Estado. El tema más relevante para ellos es el fiscal. El modelo morenista deja al causante con pocos recursos jurídicos para protegerse de cualquier acto arbitrario del fisco.
Los nuevos juzgadores, que carecen de los conocimientos básicos para hacer su tarea de forma pulcra, ahora deberán considerar si sus decisiones se ajustan al vago concepto de "interés público". Para asegurar que nadie se equivoque tendrán la supervisión de un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyas decisiones son inapelables y que podrá destituir jueces bajo criterios tan ambiguos como "afectar el interés público". Los juzgadores tenderán a decidir a favor de la posición del gobierno.
No sólo será más estrecho el espacio de protección de los individuos que permite el amparo, sino que se volverá una herramienta exclusiva para quienes puedan pagar un abogado y utilizar este barroco instrumento. Ahora el alcance de una sentencia es únicamente para el amparado; ya no tiene efectos generales, es decir ya no protegerá a todos aquellos que estén en situación similar.
En las entidades donde el gobernante de turno tenga ánimos autoritarios, el ciudadano estará desprotegido. En Campeche, un tribunal sentenció al periodista Jorge González Valdez por el delito de "incitación al odio y a la violencia" por sus críticas a la gobernadora Layda Sansores.
En paralelo hay otra presión del Estado sobre el mundo privado. Varias leyes los harán responsables de actividades propias del gobierno. El nuevo padrón de telefonía móvil, por ejemplo, supuestamente para apoyar en la prevención del delito y que costará unos 4 mil millones de pesos, lo deberán elaborar y financiar las empresas de telefonía.
Hay otros ejemplos más extremos. Si circulan facturas falsas en las redes sociales, las empresas dueñas de las plataformas serán penalmente responsables por ello.
Esta lógica se extiende al ámbito económico. Actividades reservadas al Estado, como la inversión en redes de transmisión y distribución de electricidad, las deberá hacer quien tenga un proyecto de generación aprobado, para luego regalárselo a la CFE.
Las empresas son responsables de competencias estatales, pero el funcionario lo es mucho menos de sus decisiones. AMLO pudo tirar a la basura el dinero gastado en una obra del Estado -el aeropuerto de Texcoco-, pero el director de una empresa privada puede acabar en la cárcel por algo que circule en sus plataformas digitales.
La nueva ley de amparo contempla que, antes de sancionar a una autoridad por no cumplir con la sentencia de un juez, éste deberá analizar si dicha autoridad tiene las facultades para cumplir, y de no cumplir es una falta administrativa. Antes, el incumplimiento de una sentencia de amparo constituía un delito imputable con riesgo de cárcel al funcionario responsable.
Pasamos casi 30 años de lucha, ensanchando nuestros derechos. Ahora vamos de regreso. Esto ni siquiera ha llevado a tener un gobierno más competente, ni mucho menos que nos brinde seguridad.
Ático
Pasamos casi 30 años ensanchando nuestros derechos. Ahora, el poder del Estado se expande a costa de ellos.
