Evade Alonso Ancira arreglo con Pemex desde 2023, empresario busca recuperar lo pagado
Para poder salir del Reclusorio norte en 2021, el empresario Alonso Ancira pactó pagar 216.6 millones de dólares para reparar el daño por la presunta venta fraudulenta de una planta a Pemex, pero ahora ya reside en San Antonio Texas, dejó de pagar y litiga para cancelar el acuerdo que firmó.
El expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA) cubrió 104.1 millones y le restan 112.5 millones de dólares que dejó sin pagar desde 2023.
El empresario busca incluso que le devuelvan lo que ya había pagado.
De acuerdo con solicitudes que su apoderado legal Gabriel Reyes Orona dirigió al Juez del Reclusorio Norte, Proagroindustria, la empresa que le compró en 2013 la planta de Agronitrogenados, que llevaba 14 años sin operar, no era en aquel momento una entidad pública ni subsidiaria de Pemex.
El dinero, alega, no procedía de recursos públicos ni de las arcas de Pemex y el financista hasta el momento permanece oculto.
"Han preferido mantener oculto al verdadero dueño de la operación", acusa en sus escritos.
El entonces director de Pemex, Emilio Lozoya fue acusado de recibir un soborno de 3.4 millones de dólares de Ancira para Pemex comprara a AHMSA la planta chatarra de Agronitrogenados en Veracruz, y aunque fue detenido, quedó en libertad luego del acuerdo que Ancira firmó y que ahora busca anular.
En diciembre de 2013, cuando se firmó el contrato de compraventa, Proagroindustria era una empresa "remotamente relacionada con el denominado Grupo PMI", filial de Pemex en el extranjero, pero que en ese entonces no estaba bajo la ley que regía a la petrolera, según argumenta.
Sus subsidiarias PMI Holdings B.V., PMI Norteamérica, S.A. de C.V., PMI Holdings Petróleos España, PMI Services North America, Inc., PMI Holdings North America, Inc., PMI Infraestructura de Desarrollo, PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V. y PMI Trading, Ltd. tampoco fueron creadas por decreto del Ejecutivo Federal, como lo ordenaba el artículo 6 de la Ley de Pemex, señala el escrito.
De acuerdo con el apoderado de Ancira, la existencia de este tipo de entes fue incorporada al derecho público mexicano hasta el mes de agosto de 2014, y fue regulada por el Consejo de Administración de Pemex hasta 2015.
"La operación fue fondeada o financiada por un tercero, sin revelar su identidad, ni condiciones o términos de financiamiento, sin embargo, es claro que Pemex no asumió dicho pasivo, ya que tal endeudamiento público sí tendría que ser aprobado por su Consejo de Administración", afirma.
En noviembre de 2023, cuando Ancira dejó de pagar la reparación del daño pactada, puso en riesgo su libertad. De hecho, en enero de 2024 la Fiscalía General de la República pidió al juez de control girar su reaprehensión por incumplir con el pago.
En aquella ocasión, el juez no giró el mandato de captura porque Pemex se opuso en la audiencia a la pretensión de la Fiscalía; de hecho, le dieron una prórroga para pagar que se venció en noviembre de 2024.
Al vencer el nuevo plazo, Ancira tampoco pagó y, pese a ello, esta vez las autoridades ya no solicitaron la recaptura del empresario, quien es ciudadano estadounidense y reside en San Antonio, Texas.
