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Ex Ministerio Público tejió una red de corrupción: Foro de Abogados

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EL SIGLO DE TORREÓN

El vocero del Foro de Abogados de Monclova, Miguel Ángel Reyna Adam, acusó públicamente al ex agente del Ministerio Público Édgar Abdel Garza Lozano de encabezar un esquema de corrupción para vender justicia, mediante cobros ilegales millonarios y manipulación de procesos penales en casos de alto impacto en la Región Centro de Coahuila.

Garza Lozano actuó hasta su expulsión de la Fiscalía actuó en complicidad con su madre, coordinadora regional administrativa de la FGE, de su esposa y de suegro, abogados particulares y de abogados defensores de oficio, explicó el portavoz de los profesionistas del derecho.

En entrevista telefónica, Reyna Adam señaló que durante el tiempo en que Abdel fungió como Ministerio Público, estuvo a cargo de delitos graves como homicidios, secuestros y tentativas de homicidio, donde presuntamente negociaba cambios de tipificación penal a cambio de fuertes sumas económicas.

El abogado afirmó que los cobros ilegales alcanzaban montos de entre 300 y 400 mil pesos, a cambio de reclasificar delitos graves por figuras jurídicas menores, permitiendo que los imputados obtuvieran beneficios procesales o incluso la libertad.

Expuso que Sofía Fermín, coordinadora de ministerios públicos, protegió y encubrió a Garza Lozano cómo parte de la estructura creada por éste para vender la justicia.

Reyna Adam sostuvo que él mismo fue víctima directa en al menos tres causas penales, donde Abdel habría intervenido para retirarlo de los casos, convenciendo a los clientes de cambiar de abogado por uno de oficio recomendado, bajo promesas de arreglos favorables.

Detalló que se trató de un caso de homicidio, uno de secuestro y otro de tentativa de homicidio, donde a los clientes se les exigieron pagos de 300 mil, 500 mil y 30 mil pesos respectivamente.

Según el vocero del Foro de Abogados, en estos procesos se designaban abogados de oficio que no actuaban de manera autónoma, sino que únicamente acudían a audiencias previamente acordadas por el ex Ministerio Público.

Explicó que las audiencias se utilizaban para disminuir delitos, como reclasificar homicidio calificado por homicidio en riña, o secuestro por privación ilegal de la libertad, tras el pago de supuestas elevadas sumas de dinero.

Reyna Adam narró un caso específico donde a un cliente suyo el Ministerio Público le exigió 30 mil pesos para autorizar un procedimiento abreviado, mostrando incluso documentos oficiales ya firmados para presionar el pago inmediato.

Indicó que, tras realizar el pago, Abdel retiró nuevamente al abogado particular del caso y colocó a otro defensor de oficio a modo, consolidando así el control total del proceso penal.

El abogado también mencionó el caso de la mujer que le habría entregado 300 mil pesos, entre pagos directos e intermediarios, para modificar el delito de secuestro imputado a su hijo, acuerdo que finalmente no se cumplió.

En ese asunto, el imputado recibió una sentencia de entre 60 y 80 años de prisión, pese a que la víctima contaba con pruebas y testigos de los pagos realizados al entonces Ministerio Público.

Este fue el caso que dio pie al proceso penal contra el ahora ex Ministerio Público, juicio que esquivó en la audiencia inicial acogiéndose al sistema de salida alterna.

Reyna Adam sostuvo que existen elementos suficientes para investigar el manejo irregular de decenas de carpetas, solicitando la revisión de videos y registros de audiencias de todos los asuntos que llevó Abdel durante su gestión.

Señalamientos contra la Fiscalía y anuncio de nuevas denuncias

El vocero del Foro de Abogados también denunció que Abdel contaba con protección interna, al ser hijo de una funcionaria administrativa de la Fiscalía, lo que le habría permitido mantener influencia incluso tras su salida del cargo.

Señaló que la madre del ex funcionario ocupa un puesto de coordinación administrativa, lo que, le permitió fortalecer sus redes de poder dentro de la delegación regional.

Reyna Adam criticó que el delegado de la Fiscalía en la región centro, Miguel Angel Medina Torres, quien, según dijo, es mal asesorado por funcionarios que calificó como corruptos, que presuntamente influyen en las decisiones internas.

Afirmó que previamente solicitó la intervención de autoridades estatales, agradeciendo que una funcionaria señalada fuera removida, aunque insistió en que persisten prácticas irregulares dentro de la institución.

La salida de Abdel no terminó con la corrupción. Su estructura permanece en completa con Fermín, sus familiares y los defensores de oficio.

Finalmente, confirmó que continuará con las denuncias penales y que en los próximos días acudirá a la Fiscalía con testigos para formalizar nuevas querellas relacionadas con estos hechos de presunta corrupción judicial.

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