La diputada Flora Leal Méndez emitió un pronunciamiento en el cual exigió la destitución inmediata de la directora del IESEN.
Tras la problemática que surgió con cinco trabajadoras, la diputada local en Durango, Flora Isela Leal Méndez emitió un pronunciamiento en el cual exigió la destitución inmediata de la directora del Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal (IESEN) "Gral. Lázaro Cárdenas del Río" de Lerdo, así como una investigación exhaustiva por parte la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) y las instancias competentes para la resolución del conflicto.
Denunció públicamente la problemática que enfrenta el Instituto, que según dijo, debería ser ejemplo de valores, justicia y formación docente pero que "hoy se encuentra envuelta en miedo y en abuso de poder".
La legisladora morenista, también egresada del IESEN, señaló que estudiantes, docentes y personal administrativo se han visto obligados a tomar las instalaciones como único recurso para hacerse escuchar, haciéndolo como protesta, "por el despido verbal e injustificado de cinco trabajadoras de la institución educativa, entre ellas, cuatro maestras y una mujer del personal administrativo, a quienes no se les notificó formalmente su separación del plantel ni se les permitió defenderse, esto indica un trato y un acto de desprecio absoluto a la ley, a la dignidad laboral y al magisterio duranguense".
Durante la sesión ordinaria de la LXX Legislatura del Estado, efectuada el pasado 23 de octubre, dijo que las autoridades educativas afirmaron que eso no sucedió pero que ella tiene otros datos y procedió a presentar un material audiovisual donde se les informó verbalmente de su baja a las trabajadoras, externándoles que era una orden superior.
Aseguró que no hay respuesta positiva de diálogo de parte de la directora Lucía Hernández, misma que a tres años de haber asumido el cargo, no ha demostrado la capacidad ni la voluntad de atender y resolver los conflictos que aquejan al plantel, además de que hay mala distribución y transparencia de las horas de clase, pertenecientes a docentes jubilados y fallecidos.
Según declaró, de acuerdo al Reglamento, el 50% de dichas horas deben asignarse a familiares directos y el restante debe transparentarse y abrirse a concurso para nuevos catedráticos o incremento de horas de quienes ya laboran en este plantel.
"Sin embargo, existen señalamientos directos contra la propia directora y a quien se le acusa indebidamente de esas horas, con complicidad de Arturo Díaz, líder de la Sección 35 del Sindicato, para repartirlas entre personas afines. Estas situaciones no son hechos aislados, sino el reflejo de una gestión que ha transformado a este institución de educación normal en un espacio marcado por la represión, la censura y el deterioro de la educación".
'RESPUESTA EVASIVA'
Según comentó, la respuesta institucional no solo ha sido evasiva sino autoritaria, con despidos arbitrarios a quienes se atreven a alzar la voz y amenazadas legalmente contra quienes exigen lo mínimo indispensable en cualquier institución educativa.
Subrayó que la comunidad estudiantil ha denunciado con pruebas y testigos una serie de abusos y actos de intimidación que van desde represalias, amenazas y expulsiones, hasta la vigilancia mediante cámaras y micrófonos dentro de las instalaciones.
"Además, se ha sabido que hay personal jurídico externo sin vínculo formal en la Secretaría de Educación que accede de manera indebida a información personal de los alumnos, vulnerando su privacidad y contraviniendo los principios fundamentales de la protección de datos. Mientras esto ocurre, la dirección del plantel, encabezada por Lucía Hernández, ha hecho uso discrecional de los recursos públicos, prestando vehículos institucionales, cobrando cuotas de 600 pesos por alumno sin rendición de cuentas y negándose a mostrar evidencia sobre el destino de estos recursos".
