Exigen una sola Ley General de Aguas con participación ciudadana
Más de 100 organizaciones sociales, colectivos y contralorías ciudadanas en el país se han unido para exigir la aprobación de una sola Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua y promueva un modelo de gestión justo, equitativo y no privatizador.
Elizabeth Estrada Macías, representante de la Contraloría Autónoma del Agua de La Laguna y de la Contraloría Nacional del Agua, señaló que este segundo pronunciamiento nacional busca frenar la intención del gobierno federal de mantener dos leyes en paralelo: la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, y una nueva Ley General del Agua. Indicó que esta coexistencia legal perpetuaría un modelo extractivista que ha favorecido el acaparamiento del recurso por parte de grandes intereses económicos.
Refirió que la Ley de Aguas Nacionales, surgida tras la reforma al artículo 27 constitucional en el contexto del Tratado de Libre Comercio, abrió la puerta a la compraventa de agua y tierra. Desde entonces, el número de concesiones se disparó a más de 534 mil, generando graves consecuencias ambientales y sociales. Estrada denunció que esta legislación ha permitido la instalación de megagranjas porcícolas en suelos frágiles como los del Yucatán, la contaminación de ríos en Sonora y el deterioro hídrico en San Luis Potosí.
A pesar de que en 2012 se reformó el artículo cuarto constitucional para reconocer el derecho humano al agua, el Congreso federal no ha cumplido con su mandato de aprobar una nueva Ley General de Aguas en el plazo de un año. Han pasado más de 12 años desde entonces, y la iniciativa ciudadana que propone una ley única, construida a partir de foros nacionales y respaldada por más de 200 mil firmas, sigue sin ser dictaminada.
Las organizaciones exigen que esta nueva ley no solo reconozca el derecho humano al agua, sino que garantice la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la gestión del recurso. Estrada subrayó que dicha participación debe ir más allá del papel, permitiendo el acceso a la información y la intervención directa de la sociedad en los procesos de gobernanza hídrica.
El movimiento Agua para Todos, Agua para la Vida, ha sido clave en la articulación de esta demanda. Actualmente, se están estableciendo comisiones legislativas para dialogar con diputados y senadores, especialmente con la bancada de Morena, con el fin de impulsar la iniciativa ciudadana y evitar que el cambio legislativo sea superficial.
La situación del agua en México es crítica. Estrada advirtió que la crisis hídrica afecta a todos los sectores sociales, pero golpea con mayor fuerza a las comunidades más vulnerables. En La Laguna, el abasto de Agua Saludable sigue siendo incierto y los proyectos oficiales no han logrado resolver los problemas de contaminación ni garantizar un acceso equitativo.
Frente a esta realidad, las organizaciones hacen un llamado urgente al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional del Agua para abrir un diálogo serio y transparente. La exigencia es que sea una sola Ley General de Aguas, construida desde la ciudadanía, que sustituya el modelo privatizador y asegure el agua como un bien común, no como una mercancía.
"Ya no se trata de una advertencia futura, sino de una crisis devastadora que vivimos hoy. La guerra por el agua ya comenzó, y es hora de que el Estado escuche a su gente”, dijo Estrada.
