La nueva Ley de Aguas Nacionales busca cerrar el 'mercado negro', aseguró el director de Conagua.
Con la reciente modificación a la Ley de Aguas Nacionales, por primera vez, quienes participen en el robo o desvío del líquido, incluidos servidores públicos, podrán enfrentar penas de 5 a 10 años de prisión, un cambio que pretende frenar décadas de prácticas irregulares y garantizar que el acceso al agua sea justo y transparente.
Hasta ahora, las irregularidades en el manejo del agua se castigaban con sanciones administrativas o multas económicas. Sin embargo, la magnitud del problema llevó a endurecer las medidas. Gabriel Riestra Beltrán, director del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que desde la creación de la ley en 1992 y su modificación en 2004 se abrió la puerta a lo que llamó "capítulos negros", la separación del agua de la tierra. Esto permitió que concesiones agrícolas terminaran abasteciendo industrias, comercios e incluso clubes de golf, generando un mercado paralelo y en muchos casos ilegal.
"Había un mercado completamente negro, no solo una distribución irregular, sino un negocio que movía agua de agricultores hacia empresas y actividades ajenas al campo", señaló. Con la reforma, quienes participen en estas prácticas enfrentarán ahora sanciones penales, un mensaje contundente contra el acaparamiento.
La reforma podría evitar que el agua se convierta en un privilegio de unos cuantos y asegurar que ejidos, comunidades campesinas y pequeños productores mantengan acceso al recurso.
"Estamos cuidando a los que menos tienen. El principio de la modificación es para todos los mexicanos que quieren producir y generar. No va en contra de nadie", enfatizó.
Indicó que en regiones como La Laguna, donde existe un Distrito de Riego consolidado con 20 módulos, 17 del río Nazas y 3 del Aguanaval, el control comunitario ha evitado que el acaparamiento se desarrolle con la misma fuerza que en estados como Chihuahua, Guanajuato o Jalisco, donde pocos actores concentran grandes volúmenes de agua. La reforma busca replicar este modelo de certeza y equidad en todo el país.
REVISIONES
En las más de 1,400 revisiones realizadas por la Conagua en la región, se detectaron alrededor de 250 concesiones sin pozo, por lo que se trataba de acaparamiento del agua. Conagua emprenderá el proceso de caducidad de dichos títulos, lo que representa la recuperación de un volumen de entre cuatro y cinco millones de metros cúbicos de agua para el acuífero Principal.
Riestra Beltrán aclaró que con esta reforma ningún productor pierde su título, no se modifican los distritos de riego y se garantiza el esquema de heredar o transferir el recurso de agua de padre a hijo, mediante un proceso que no durará más de 20 días. Con ello se extingue el término de concesión y se da certeza jurídica a las familias campesinas.
La nueva ley ajusta los plazos de prórroga de títulos de concesión de cinco a dos años, con periodos de seis meses para presentar solicitudes, lo que busca agilizar trámites y evitar que el agua quede "congelada" en manos de quienes no la utilizan. Además, se incorpora un Registro Público Nacional del Agua, un sistema digital único que pretende dar mayor transparencia y facilitar el seguimiento de concesiones y transferencias.
La reforma ha generado reacciones encontradas. En estados como Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, donde el acaparamiento es más fuerte, campesinos han protestado por la pérdida de la posibilidad de vender derechos de agua.
En contraste, en entidades como Coahuila y Durango la modificación ha sido mejor recibida, pues los productores reconocen que sus concesiones y prórrogas se mantienen intactas.
