Hasta el momento, afirman disidentes, no tienen noticias de personas detenidas o algún avance de la investigación.
En la sierra norte de Puebla, en el municipio de Juan Galindo, un sitio que no alcanza los 10 mil habitantes y que está a 106 kilómetros de Poza Rica, Veracruz, se encuentra la cuna de la industria eléctrica mexicana: la presa hidroeléctrica de Necaxa. La obra se edificó a principios del siglo pasado, entre 1903 y 1905, aprovechando la confluencia de los ríos Tenango y Necaxa. Y para construirla el gobierno tomó la decisión de inundar el pueblo que también se llamaba Necaxa, un nombre de origen totonaco que significa “lugar de ruido del agua”. La inundación del pueblo dio paso a otro de nombre Nuevo Necaxa, actual cabecera municipal de Juan Galindo.
Sus paisajes son también sede de uno de los principales enclaves del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Es también uno de los espacios de la llamada resistencia civil apoyada por el sindicalismo electricista, que desde hace varios años ha dejado de pagar el consumo energético tras la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Y durante los últimos dos años, de finales de 2023 a principios de 2025, fue sede de granjas ilegales de criptomonedas, como han reconocido autoridades de Puebla.
En la sede de la División Necaxa del SME, ubicada a 60 metros de la presidencia municipal de Juan Galindo, en el campamento del kilómetro 153 y en la colonia Salto Chico se instalaron equipos de cómputo especializado dedicados, día y noche, a resolver cálculos matemáticos y extraer divisas virtuales, cuentan pobladores.
El caso más evidente fue el instalado en la sede de la División Necaxa, una construcción de más de 5 mil metros cuadrados, aproximadamente, de donde salía un intenso ronroneo que se escuchaba a varias cuadras a la redonda provocado por centenas de equipos de cómputo.
En el costado izquierdo del inmueble, sobre la calle García Cubas, una gruesa conexión ilegal a la red del fluido eléctrico alimentaba los equipos, como aún se observa en el historial de Google Maps de mayo de 2024.
Pero todo esto terminó en enero de 2025, cuando autoridades federales entraron a confiscar los equipos y cortar las conexiones.
La CFE no ha querido informar la cantidad de energía eléctrica que se consumió en ese lugar ni en otras ubicaciones del SME en Juan Galindo, pero un grupo de disidentes del sindicato que pusieron una denuncia penal contra la dirigencia ante la Fiscalía General de la República que dirigía Alejandro Gertz Manero lo calcula en decenas de millones de pesos.
También pidieron al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) que se revisara el uso de los inmuebles que el SME recibió en comodato por parte del gobierno federal, pues dentro se estaban minando criptomonedas de manera ilegal. Una copia de esa denuncia también se le hizo llegar al exfiscal. La respuesta oficial ha sido el silencio.
DENUNCIAN Y NADA PASA
En junio del presente año, Mario Benítez y Ricardo Arenas, integrantes del Frente Amplio de Unidad (FAU), un grupo de electricistas disidentes, se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar el huachicol eléctrico usado para minar criptomonedas dentro de instalaciones del SME en la sierra poblana, así como en el Estado de México e Hidalgo.
En el documento que entregaron a la FGR acusaron directamente a Martín Esparza, secretario general del SME; Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior; Román Olvera García, subsecretario de la División Necaxa, y Miguel Márquez, secretario del Fomento a la Salud, además de diputado local en Puebla del Partido Verde. Les achacaron “asociación delictuosa, robo de energía eléctrica, despojo de aguas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten, cometidos en agravio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Estado mexicano”.
En la denuncia afirman que “las conexiones eléctricas que suministran energía a las granjas de criptomonedas encontradas en diversas instalaciones del SME resultan ilegales, ya que la CFE no ha otorgado al sindicato ninguna concesión, permiso o autorización para llevar a cabo la explotación del recurso, por lo que puede suponerse que la representación sindical ha hecho uso y aprovechamiento indebido e ilegal de un bien nacional”.
Hasta el momento, afirma Mario Benítez, no tienen noticia de personas detenidas o algún avance de la investigación.
“El gobierno federal le entregó 14 plantas generadoras de energía y 40 inmuebles al SME como parte de los acuerdos para subsanar la decisión de Calderón de eliminar LyFC. ¿Qué ha ocurrido con esos bienes nacionales y esas generadoras? Pues que están siendo usadas para generar criptomonedas”, asegura.
Y agrega: “Fue un robo impresionante. En un documento que la comisión les dejó en las instalaciones de El Oro (municipio del Estado de México) estimaron el uso de casi 6 millones de kilowatts en un bimestre. ¡Un bimestre! Y eso son 16.6 millones de pesos. Allá en Necaxa fue más de un año de extracción de energía eléctrica”.
La CFE se ha resistido a dar información al respecto.
El monto de la extracción ilegal de energía eléctrica dentro de las instalaciones del SME lo consideró información reservada, según un par de respuestas a solicitudes de información realizadas para este trabajo.
En respuesta a otra solicitud de información, la CFE se negó a informar si el SME cubrió el adeudo.
El único dato que la comisión dio a conocer tras varias solicitudes de información es que en los últimos ocho años han dejado de recibir 290 mil millones de pesos en “pérdidas no técnicas”.
En enero de 2020, el entonces director de la división CFE Distribución, Guillermo Nevárez Elizondo, dio a conocer que las “pérdidas no técnicas” de la empresa son responsabilidad de la delincuencia organizada, los asentamientos irregulares, la resistencia civil y las fallas en mediciones y procesos.
Y los datos van al alza según la documentación que la CFE entregó por transparencia. Mientras que en 2019 hubo un registro de 32.6 millones de pesos, en 2024 creció a 40.2 millones, y hasta agosto de 2025 ya se habían alcanzado los 40.9 millones de pesos.
UBICACIONES SINDICALES “Curiosamente, en donde hay presencia del SME se han detectado esas minas de criptomonedas”, cuenta un extrabajador de LyFC que habla para este reportaje bajo condición de anonimato.
“Aprovecharon la mano de obra especializada y que en Necaxa y Huauchinango no hay pago del consumo de energía eléctrica, una estrategia que se usó como mecanismo de presión en el conflicto del SME con el gobierno federal”.
Hay dos condiciones necesarias para que el minado de criptomoneda resulte un buen negocio: que el consumo de energía eléctrica sea barato y que tengas a la mano suficiente agua que alimente a los sistemas de enfriamiento para los equipos de cómputo que no te impliquen grandes costos. Ambas condiciones se concentran en Juan Galindo, una población con pago cero de energía eléctrica y la presa Necaxa con sus millones de litros de agua a disposición, explican Mario Benítez y Ricardo Arenas en su denuncia de junio de este año.
Las imágenes que la disidencia sindical compartió para este trabajo muestran paredes repletas de equipos informáticos halladas en instalaciones del SME en localidades de Hidalgo y Puebla.
En marzo de 2024 se registró el incendio en una casa habitación en Salto Chico, otra de las propiedades que le fueron entregadas al SME en el área de la presa de Necaxa. Disidentes de la zona con los que se platicó aseguran que se trató de un incendio causado por un minado fallido de criptomonedas.
En abril de este año el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, dio a conocer en rueda de prensa que se habían desmantelado granjas de criptomonedas en el municipio de Juan Galindo, pero aseguró que no podía confirmar en ese momento si el SME era el responsable: “eso es parte de las investigaciones. Cuando tengamos una conclusión se les informará”, indicó.
Se consultó con personal de la dependencia si ya había una conclusión o responsables, pero sólo informaron que la investigación había quedado en manos de la FGR.
Se pidieron entrevistas con la CFE y la FGR, pero no fueron atendidas por Comunicación Social.
Además, se contactó a la dirigencia del SME vía redes sociales, a través del correo electrónico, personalmente en las instalaciones sindicales que tienen en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México y a través del personal del diputado Miguel Márquez, pero no hubo respuesta a la solicitud para conocer la postura sindical.
