El color de los partidos no exime a ninguno de la corrupción. Al contrario, cuando son Gobierno, el fenómeno se exacerba. Gobernadores de las otrora principales formaciones políticas del país fueron encarcelados por abusar del poder. La mayoría no purgó penas proporcionales a la gravedad de los delitos imputados. Tampoco han resarcido el daño financiero causado a los estados. El paraguas del antiguo sistema judicial les permitió conservar e incluso recuperar bienes y caudales obtenidos de manera ilícita. Casos como el de Coahuila son paradigmáticos. Pues quienes asaltaron el erario y adquirieron deudas por encima de la ley, en parte para enriquecerse y en parte para financiar campañas políticas, ni siquiera han sido molestados con un citatorio. Mientras el «moreirazo» permanezca impune, el oprobio acompañará al estado; máxime a quienes, en lugar de alzar la voz, agacharon la cabeza como el avestruz.
Guillermo Padrés Elías (PAN), primer gobernador no priista de Sonora; y Marcos Covarrubias Villaseñor, primer panista en ocupar el Gobierno de Baja California Sur, fueron un fiasco. Padrés pasó dos años entre rejas por delincuencia organizada y lavado de dinero. El secuestro y tortura de una trabajadora doméstica, a quien su esposa culpó -sin pruebas- de robarle joyas y dinero, quedó impune. Padrés salió de prisión con una fianza por 100 millones de pesos. Así lo celebró: «¡Ya estoy libre, cabrones (…) Agárrense, hijos de la chingada!».
Baja California Sur no tuvo mejor suerte con Covarrubias Villaseñor, quien, antes de afiliarse al PAN, militó en el PRI y el PRD. Su bandera como gobernador fue atacar la corrupción. La Auditoría Superior de la Federación lo acusó de simular la devolución de fondos a la Secretaría de Hacienda. Covarrubias había intentado antes vender la isla Punta Belcher a un empresario. La operación se anuló por la presión de una cooperativa pesquera. Otra decisión controvertida de su Gobierno consistió en vetar una iniciativa contra los feminicidios (Sin Embargo).
Las administraciones de Padrés y Covarrubias coincidieron con la de Enrique Peña Nieto. En la foto «maldita» también aparecen los gobernadores priistas César Duarte (Chihuahua), Andrés Granier (Tabasco), Rodrigo Medina (Nuevo León) y Fausto Vallejo (Michoacán). Todos, excepto Vallejo, estuvieron presos; incluso el primer gobernador independiente, Jaime Rodríguez. Duarte es uno de los cerebros de la Operación Safiro, urdida para desviar 650 millones de pesos a las campañas del PRI. El exgobernador fue detenido en Florida, en 2020, y extraditado a México tres años después. Su sucesor, Javier Corral (PAN), lo denunció por el desvío de mil 230 millones de pesos. En 2024 un juez lo liberó y le devolvió decenas de propiedades, valuadas en más de 2 mil millones de pesos, que adquirió en su mandato.
Otro de los acompañantes de Peña en la fotografía de la ignominia es Rubén Moreira. «En 2018, el exmandatario de Coahuila fue acusado por la diputada panista María Eugenia Cázares de desviar durante su administración más de 390 millones de pesos de participaciones federales que le correspondían a los municipios de la entidad. (…)» (El Universal, 14.11.20). La legisladora se quedó bastante corta. De acuerdo con el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, en los cuatro últimos años del Gobierno de Moreira se desviaron 680 millones de pesos a empresas fantasma. El dato es conservador pues, según conocedores del tema, la cifra real supera los mil millones de pesos.
