En mis años mozos, a finales de los ochenta y durante toda la década de los noventa, me desempeñé como subdirector general de Organización Lobo -la seguridad de los conciertos, los lobos, así nos conocían- y en múltiples ocasiones fui responsable de la protección ejecutiva de figuras del espectáculo nacional e internacional. Gente que llenaba estadios y rompía taquillas.
El mundo de la protección ejecutiva en la industria musical y el show business tiene una constante: nadie quiere ver al equipo de protección. El artista no quiere sentirse rodeado, el mánager quiere que todo se vea fluido, el publicista quiere fotos perfectas sin agentes tapando la toma y los fans quieren el contacto más cercano posible.
Y, sin embargo, cuando algo fallaba, nadie volteaba a reclamarle al artista o al mánager por no haberse ceñido al esquema de seguridad o por sus caprichos absurdos. Me volteaban a ver a mí para reclamarme una sola cosa: ¿por qué no lo previste?
Escuché de todo: "Quiero entrar caminando entre la gente"; "quiero a mis fans cerca de mí"; "no quiero salir por el elevador de servicio"; "todo esto es muy exagerado". Uno negociaba, explicaba, insistía; pero lo que nunca hice fue cruzarme de brazos, tomar nota y decir: "bueno, cuando lo ataquen yo diré que el protocolo estaba perfecto, pero el cliente no quiso ceñirse a este".
En seguridad, si tu protocolo solo funciona cuando el protegido se porta como manual de instrucciones, entonces tal vez no tengas un protocolo, sino un buen pretexto.
Por eso, cuando escuché la semana pasada al secretario de la Defensa decir que "el protocolo de protección de la Guardia Nacional no falló" en el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, lo único que alcanzo a escuchar detrás de la frase es esto: el que falló fue el muerto.
El protocolo, según esa lógica, era impecable; el problema es que el funcionario "no se acopló", "no aceptó todo el esquema", "no siguió las recomendaciones".
Traducido al castellano llano: si lo mataron, es porque no nos hizo caso. Nosotros estamos limpios, el protocolo está limpio, la institución está limpia. El problema es que el alcalde, mira qué necio, se dejó asesinar sin respetar cada inciso del manual.
En la iniciativa privada ya lo habrían corrido del puesto al día siguiente de haber hecho tal declaración.
El mensaje institucional es devastador: el Estado se reserva el derecho de lavarse las manos si el funcionario protegido no actúa como paciente obediente. Como si la realidad -contextos locales, resistencias políticas, presiones económicas, pactos incómodos- se dejaran acomodar tan fácil dentro de un "protocolo" redactado en algún escritorio.
En la vida real, ni los rockstars, ni los astros deportivos, ni las figuras hollywoodenses, ni los políticos se comportan como manual. Por eso existe la protección ejecutiva: para administrar el riesgo a pesar de las resistencias del protegido, no para culparlo cuando el ataúd ya está cerrado.
Cuando una autoridad dice que "el protocolo no falló" mientras el protegido está muerto, hace dos cosas a la vez: blinda a la institución y desmantela -de un plumazo- la responsabilidad y la rendición de cuentas.
Lo que escuchamos en voz del secretario, en cambio, es otra cosa: una doctrina implícita del "cada quien su muerte". Si sobrevives, te hacemos el favor de reconocer que el protocolo funcionó. Si no la libras, el Estado se reserva el derecho de decir: te lo advertimos, te arriesgaste, allá tú.
Proteger a un alcalde en una zona caliente no es una cortesía institucional, es una obligación del Estado. Y esa obligación incluye lidiar con egos, resistencias, cálculos políticos, presiones locales y hasta con la negación del propio protegido.
Quienes hemos estado a pie de terreno sabemos que muy rara vez tenemos al "protegido ideal", obediente y dócil. Precisamente por eso existe la protección ejecutiva: para navegar esa tensión sin romper el principio básico de responsabilidad.
Decir hoy que "el protocolo no falló" es una forma muy pulcra de avisarnos que, cuando las cosas salgan mal, el Estado ya tiene preparada su coartada.
POSTDATA. A 31 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, un juez federal aceptó reabrir la vieja teoría del "segundo tirador" y ordenó llevar a juicio a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen, señalado por la FGR como presunto autor de un segundo disparo. Veamos en que termina este fiasco.
